¿Familia multiespecie en el juicio de divorcio?

 La familia multiespecie en el divorcio: Un estudio crítico sobre las causales de inadmisión de la demanda en el COGEP

Autora:
Abg. Lilian Janeth Enríquez Klerque

Jueza de Familia, Unidad Judicial de Ibarra

Magíster en Derecho Procesal y Litigación Oral

Magíster en Familia y Derechos de Niñez y Adolescencia

 

Contenido:

I. Resumen.

II. Introducción.

III. El caso concreto de la Unidad Judicial de Familia en Cuenca.

IV. Marco legal de la admisibilidad de la demanda.

V. Causales expresas de inadmisión y distinción con la improcedencia.

VI. Análisis crítico de la indebida acumulación de pretensiones en el divorcio.

VII. Vías de tutela y el rol de la acción de protección: la Sentencia “Mona Estrellita”.

VIII. Perspectiva comparada y familia multiespecie.

IX. La generación de jurisprudencia y el rol del juez de primer nivel.

X. Conclusiones.

 

I. RESUMEN

 

El artículo analiza las causales de inadmisión de la demanda según el Art. 147 COGEP, identificando sólo dos expresas: incompetencia e indebida acumulación de pretensiones. Incorpora el incumplimiento de los Arts. 142 y 143 como causal adicional. Desde una visión constitucional progresista, critica el rechazo inicial de pretensiones sobre mascotas en divorcios, argumentando que no existe acumulación indebida (Art. 145). Se apoya en las sentencias 102-13-SEP-CC y 253-20-JH/22 (Mona Estrellita) para afirmar que el Juez de Familia debe admitir la demanda y resolver con interpretación pro natura, garantizando la tutela judicial efectiva.

 

Palabras clave: inadmisión de demanda, acumulación de pretensiones, familia multiespecie, interpretación pro natura, seres sintientes, tutela judicial efectiva, derechos de la Naturaleza.

 

II. INTRODUCCIÓN

El divorcio constituye uno de los procesos familiares más complejos, pues no solo disuelve el vínculo matrimonial, sino que exige resolver de manera integral los efectos patrimoniales, personales y afectivos derivados de la ruptura de la vida en común. En la actualidad, la concepción de la familia ha evolucionado significativamente: ya no se limita exclusivamente a las relaciones entre personas, sino que incluye a los animales de compañía como miembros afectivos del hogar, configurando lo que la doctrina y jurisprudencia comparada denominan “familia multiespecie” o “interespecie”.

 

El reconocimiento constitucional de diversos tipos de familia (Art. 67 CRE) no puede entenderse como una lista taxativa o cerrada de lo que hasta determinado momento se ha considerado una “ampliación” de la familia tradicional. Por el contrario, se trata de una cláusula abierta y dinámica que permite la evolución del derecho. El reconocimiento de la familia multiespecie es precisamente una manifestación de esa evolución que no puede obviarse. Estos reconocimientos son importantes porque permiten el ejercicio y la protección efectiva de los derechos de todos sus miembros, incluyendo la manutención y el cuidado de aquellos que no pueden mantenerse a sí mismos: niños, niñas y adolescentes (NNA), personas con discapacidad, adultos mayores y, en la misma lógica, las mascotas como seres sintientes que forman parte del núcleo afectivo familiar.

 

Esta evolución no es exclusiva del Ecuador. La jurisprudencia comparada, particularmente en Colombia y México, ha comenzado a reconocer de manera progresiva que los animales de compañía cumplen roles afectivos, emocionales y de cuidado dentro del hogar, superando su tradicional calificación de bienes muebles. Autores como Vargas-Chaves y Marulanda (2026) evidencian, en el contexto colombiano, una tensión entre el reconocimiento directo de la familia multiespecie por parte de tribunales inferiores y una protección más indirecta a través de los derechos del cuidador. Este debate resulta pertinente para el caso ecuatoriano, donde la Constitución ya reconoce los derechos de la Naturaleza (Art. 71 CRE) y la calidad de seres sintientes de los animales, abriendo la puerta a una interpretación pro natura que permita resolver, de manera integral, pretensiones relacionadas con mascotas dentro de procesos familiares ordinarios.

 

En un caso concreto tramitado ante la Unidad Judicial de Familia en Cuenca, se presentó una demanda que acumulaba la disolución del matrimonio, alimentos congruos y contribución económica (alimentos) para siete perros que formaban parte del núcleo familiar. El rechazo inicial de esta acumulación de pretensiones generó un relevante debate jurídico-procesal y puso de manifiesto la tensión existente entre una interpretación restrictiva y formalista del proceso y la necesidad de brindar una tutela judicial efectiva y progresista en un Estado Constitucional de Derechos.

 

Este artículo toma ese caso concreto de la Unidad Judicial de Familia en Cuenca como ejemplo paradigmático para analizar las causales de inadmisión de la demanda conforme al Art. 147 COGEP y propone una lectura sistemática e integradora con los Arts. 142, 143 y 145 del mismo cuerpo normativo, incorporando principios constitucionales de interpretación pro homine y pro natura (Art. 11 CRE).

 

III. EL CASO CONCRETO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA EN CUENCA

En el proceso tramitado ante la Unidad Judicial de Familia en Cuenca, la demandante acumuló tres pretensiones principales: la disolución del matrimonio, el reconocimiento de alimentos congruos y la fijación de una contribución económica periódica para el sostenimiento y cuidado de siete perros que integraban el núcleo familiar. El juez de primera instancia rechazó inicialmente la demanda invocando indebida acumulación de pretensiones (Art. 147.2 COGEP), decisión que motivó el debate público y académico que se analiza a continuación.

 

IV. MARCO LEGAL DE LA ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

 

Requisitos formales (Arts. 142 y 143 COGEP)

El Art. 142 del COGEP establece el contenido mínimo de la demanda, exigiendo claridad en la designación del juzgador, identificación de las partes, exposición detallada de los hechos, formulación precisa de las pretensiones, fundamentos jurídicos, medios probatorios, trámite, cuantía y firma del demandante o su representante. Por su parte, el Art. 143 detalla los documentos que deben acompañarse para acreditar la legitimación activa y pasiva, así como los hechos invocados.

 

El Art. 146 dispone que, si no se cumplen estos requisitos, el juez concede un plazo de cinco días para subsanar. De no hacerlo, la demanda no se admite a trámite, configurando una causal adicional de inadmisión derivada del incumplimiento formal de los requisitos. Esta etapa busca garantizar la claridad y seriedad de la pretensión, pero no debe convertirse en un filtro excesivamente formalista que restrinja indebidamente el acceso a la justicia.

 

V. CAUSALES EXPRESAS DE INADMISIÓN Y DISTINCIÓN CON LA IMPROCEDENCIA

El Art. 147 COGEP es taxativo y contiene únicamente dos causales que permiten el rechazo inicial de la demanda:

 

1. Incompetencia del juzgador.
2. Indebida acumulación de pretensiones.

 

Estas son las únicas causales manifiestamente inadmisibles. Cualquier otra irregularidad (incluidas cuestiones de fondo, interpretaciones controvertidas o defectos subsanables) debe sustanciarse y resolverse en sentencia, no mediante rechazo inicial.

 

La incompetencia es manifiestamente inadmisible cuando el juez carece absolutamente de competencia en razón de la materia, por prevención, por territorio, por grados o por personas. Sin embargo, la competencia territorial puede ser prorrogada (Art. 55 COGEP) y existen supuestos de competencia concurrente, por lo que no siempre justifica el rechazo inicial si el demandado no la opone oportunamente. Del mismo modo, la acumulación de pretensiones sólo es indebida cuando no se cumplen los requisitos del Art. 145 COGEP (competencia, conexidad y mismo procedimiento). La mera existencia de varias pretensiones no convierte automáticamente la demanda en inadmisible; sólo lo es cuando la acumulación viola manifiestamente esos tres requisitos.

 

La Sentencia No. 102-13-SEP-CC de la Corte Constitucional del Ecuador (2013), aunque referida al Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece doctrina aplicable por analogía al proceso ordinario. La Corte distingue claramente entre inadmisión (verificación formal o causales expresas) e improcedencia (análisis de fondo). La inadmisión por cuestiones de fondo, sin sustanciación previa, vulnera la tutela judicial efectiva (Art. 75 CRE) y el debido proceso.

 

VI. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EN EL DIVORCIO

En el caso de la Unidad Judicial de Familia en Cuenca, al acumularse la disolución del matrimonio, los alimentos congruos y la pretensión accesoria de contribución económica por las mascotas, se invocó el numeral 2 del Art. 147 para no admitir la demanda. Esta decisión restrictiva parte de una visión tradicional que considera a las mascotas como simples bienes muebles del Código Civil, desconociendo su calidad de seres sintientes y su integración al núcleo familiar.

Sin embargo, el Art. 145 COGEP permite la acumulación cuando concurren tres requisitos:

1. Competencia del juzgador en razón de la materia. El Juez de Familia es competente por la naturaleza de los vínculos afectivos que integran la comunidad familiar (Arts. 67 CRE). Las mascotas, como seres sintientes, forman parte del núcleo familiar y generan lazos emocionales que impactan el bienestar de los miembros humanos, especialmente los niños.
2. Conexidad. Todas las pretensiones derivan del mismo hecho generador: la ruptura de la vida en común. La regulación del cuidado de las mascotas es una consecuencia directa y lógica de la disolución del matrimonio y la liquidación de la sociedad conyugal.
3. Mismo procedimiento. Se tramitan por el procedimiento sumario en materia familiar, lo que garantiza unidad y celeridad en la resolución integral del conflicto.

 

Por tanto, no existe acumulación indebida. La mera pluralidad de pretensiones no genera inadmisibilidad; sólo el incumplimiento evidente de los tres requisitos del Art. 145 lo permite.

 

VII. VÍAS DE TUTELA Y EL ROL DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN: LA SENTENCIA “MONA ESTRELLITA”

 

La Sentencia No. 253-20-JH/22 de la Corte Constitucional del Ecuador (Caso “Mona Estrellita”) es paradigmática. La Corte reconoció a los animales como sujetos de derechos y como expresión de los derechos de la Naturaleza (Art. 71 CRE), con valor intrínseco y sintiencia. Aunque en ese caso concreto consideró la acción de protección como vía adecuada, desde mi perspectiva los derechos de los animales admiten múltiples vías de tutela según el contexto, la naturaleza del derecho afectado y la urgencia.

En pretensiones derivadas del divorcio (como contribución económica por mascotas), la vía natural y adecuada es el procedimiento sumario ante el Juez de Familia. El rechazo inicial de la demanda por “acumulación indebida” o derivar sistemáticamente a la acción de protección viola la tutela judicial efectiva (Art. 75 CRE) y fragmenta la resolución integral del conflicto familiar.

 

VIII. PERSPECTIVA COMPARADA Y FAMILIA MULTIESPECIE

 

La jurisprudencia comparada refuerza esta visión. El Tribunal Superior de Bogotá, en su Auto de 6 de octubre de 2023 (Caso “Simona”), resolvió un conflicto negativo de competencia entre un Juzgado Civil y uno de Familia. La Sala Mixta determinó que el Juez de Familia es competente para regular visitas, cuidado y bienestar de la perra Simona, a quien el demandante consideraba su “hija perruna”. La Corte reconoció explícitamente la familia multiespecie, señalando que los animales de compañía cumplen roles afectivos y emocionales dentro del núcleo familiar, se les da nombre, generan apego recíproco y sufren por la separación. Argumentó que no reconocer esta realidad sería desconocer la interpretación actual y plural de la familia (Art. 42 Constitución Política de Colombia).

 

Posteriormente, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-391/24 (2024), analizó un caso de secuestro cautelar de dos perros en proceso de divorcio. La Corte reiteró que los animales de compañía forman parte de la unidad familiar, generan vínculos afectivos que impactan el desarrollo emocional de los niños y obligan a ponderar su bienestar como seres sintientes. Cita expresamente el fallo mexicano (Amparo Directo 454/2021) que introdujo el concepto de familia multiespecie y enfatiza que, aunque legalmente son bienes muebles, su calidad de seres sintientes impone límites al dominio y obliga a los jueces a considerar su interés en cualquier decisión familiar.

En México, el 11° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el Amparo Directo 454/2021, fue el primero en América Latina en incorporar formalmente el concepto de familia multiespecie. El Tribunal reconoció que las mascotas cumplen roles de protección, apoyo emocional y compañía, integrándose como miembros del hogar y no como simples objetos. Este fallo fue citado textualmente por la Corte Constitucional colombiana en T-391/24.

 

Estos precedentes coinciden en que el Juez de Familia es competente para resolver custodia, régimen de visitas y contribuciones económicas por mascotas en separaciones / divorcios, precisamente porque forman parte de la familia multiespecie.

 

Este análisis se ve reforzado por el estudio de Vargas-Chaves y Marulanda (2026), quienes examinan la evolución de la familia multiespecie en Colombia y evidencian una tensión jurisprudencial clara, que mientras tribunales inferiores y salvamentos de voto abogan por un reconocimiento directo de la categoría familiar, la Corte Constitucional mantiene una postura antropocéntrica que protege el vínculo afectivo únicamente de manera indirecta, a través de los derechos fundamentales del cuidador. Los autores identifican, además, un vacío procesal en materia de custodia y proponen avanzar hacia un modelo de “responsabilidad relacional”, en el que la sintiencia animal opera como límite ético y jurídico al derecho de propiedad. Esta perspectiva resulta especialmente útil para el caso ecuatoriano, pues confirma que la admisión de pretensiones sobre mascotas en procesos de divorcio no requiere necesariamente una redefinición constitucional de la familia, sino una interpretación progresista de las normas vigentes que priorice el bienestar de los seres sintientes y la tutela judicial efectiva.

 

IX. LA GENERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y EL ROL DEL JUEZ DE PRIMER NIVEL

La generación de jurisprudencia, particularmente la de triple reiteración que puede convertirse en precedente obligatorio (Art. 184.2 CRE y Arts. 180-185 COFJ), requiere necesariamente de la admisión inicial de la demanda por parte del juez de primer nivel.

Sin admisión, no hay proceso, no hay sentencia de primera instancia, no hay recurso de apelación ni posibilidad de que los tribunales superiores confirmen o revoquen la decisión. Si los jueces de primer nivel rechazan sistemáticamente las demandas novedosas (como las relativas a mascotas en divorcio) invocando causales inexistentes o interpretaciones restrictivas, se bloquea por completo la posibilidad de que el sistema genere uniformidad jurisprudencial.

 

El juez de primer nivel actúa como “portero” del sistema, ya que su decisión de admitir o rechazar determina si un tema novedoso puede llegar a segunda instancia, al Pleno de la Corte Nacional y, eventualmente, convertirse en jurisprudencia obligatoria. Rechazar inicialmente pretensiones fundadas en la Constitución y en la evolución social equivale, en la práctica, a negar la posibilidad de que el derecho se actualice y llene sus vacíos normativos.

 

En el caso de la Unidad Judicial de Familia en Cuenca, sólo mediante la admisión de la demanda se podrá permitir que los tribunales superiores analicen el fondo del asunto y contribuyan, con el tiempo, a la formación de un cuerpo jurisprudencial uniforme sobre la protección de mascotas en procesos familiares.

 

X. CONCLUSIONES

 

Las causales de inadmisión del Art. 147 COGEP son taxativas y solo operan cuando existe manifiesta incompetencia o manifiesta acumulación indebida de pretensiones. La Sentencia 102-13-SEP-CC refuerza que no se puede confundir inadmisión con improcedencia. En el caso de la Unidad Judicial de Familia en Cuenca, ni la competencia ni la acumulación eran indebidas. Aunque la Sentencia “Mona Estrellita” enfatizó una vía constitucional en ese caso concreto, los derechos de los animales admiten múltiples vías según el contexto.

 

El Juez de Familia debe admitir la demanda, convocar audiencia y resolver en el fondo con interpretación pro homine y pro natura. El rechazo inicial de estas pretensiones deja sin protección a los seres sintientes e impide la generación de jurisprudencia. Se recomienda regular expresamente la figura en el futuro Código Orgánico de la Familia, sin perjuicio de la labor jurisprudencial actual que llena los vacíos normativos.

 

Bibliografía

 

- Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Recuperado de FielWeb.

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2015). Código Orgánico General de Procesos (con reformas). Recuperado de FielWeb.

- Corte Constitucional del Ecuador. (2013, 4 de diciembre). Sentencia No. 102-13-SEP-CC. Recuperado de https://buscador.corteconstitucional.gob.ec/buscador-externo/principal/fichaSentencia?numero=102-13-SEP-CC

- Corte Constitucional del Ecuador. (2022). Sentencia No. 253-20-JH/22 (Caso “Mona Estrellita”). Recuperado de https://buscador.corteconstitucional.gob.ec/buscador-externo/principal/fichaSentencia?numero=253-20-JH%2F22

- Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-391/24. Recuperado de https://www.dmsjuridica.com/buscador_20179478954/corteconstitucionalcronologico202454587/t-391-24/

- Enríquez Klerque, L. J. [@lilian_ek]. (2022, 20 de septiembre). Hilo sobre inadmisión de la demanda [Hilo]. X. Recuperado de https://x.com/lilian_ek/status/1572350278283792384

- Enríquez Klerque, L. J. [@lilian_ek]. (2025, 16 de mayo). Analogía sobre vías de tutela (NNA y derechos de los animales) [Post]. X. Recuperado de https://x.com/lilian_ek/status/2055723729821602141

- Enríquez Klerque, L. J. (2023). Intervención en el live “¿Se puede pedir en un divorcio una pensión alimenticia para las mascotas?” [Video]. YouTube. Recuperado de https://www.youtube.com/live/Rp6TPaquYgc

- Tribunal Colegiado del Primer Circuito (México). (2021). Amparo Directo 454/2021. Recuperado de https://www.animallaw.info/case/amparo-directo-da-4542021-mexico

- Tribunal Superior de Bogotá. (2023, 6 de octubre). Auto (Caso “Simona”). Recuperado de https://www.animalesbog.gov.co/wpyba/juridica/index.php/jurisprudencia/sentencia-t151-del-2023

- Vargas-Chaves, I., & Marulanda, D. (2026). La familia multiespecie en Colombia: entre el reconocimiento y la protección indirecta. Foro: Revista de Derecho, (46), 9-27. Recuperado de https://doi.org/10.32719/26312484.2026.46.1

⚖️ ¿DEBE ACOMPAÑARSE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL Y SOCIAL A LA DEMANDA DE PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD? ACTUALIZACIÓN

 

⚖️ ¿DEBE ACOMPAÑARSE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL Y SOCIAL A LA DEMANDA DE PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD? ACTUALIZACIÓN

En enero de 2024 publiqué una reflexión sobre la investigación de la Policía Especializada y de la Oficina Técnica prevista en el artículo 268 del Código de la Niñez y Adolescencia.

La pregunta era:

¿Debe acompañarse esta investigación a toda demanda de privación de patria potestad?

Mi conclusión fue que no podía convertirse en un requisito general para todos los procesos de privación de patria potestad, pues el artículo 268 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA, 2003) tenía una finalidad específica: (i) ubicar a niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar y (ii) identificar y ubicar a sus progenitores o parientes ausentes o desaparecidos.

Sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción, publicada el 14 de agosto de 2026, obliga a actualizar el análisis.

🔹 ¿QUÉ CAMBIÓ?

El artículo 113 del CONA ahora establece expresamente:

Cuando la demanda de privación de patria potestad se promueva contra ambos progenitores, el juzgador, al calificar la demanda, dispondrá el inicio de la investigación prevista en el artículo 268.

Y si previamente se hubieren ordenado medidas judiciales de protección a favor del niño, niña o adolescente (NNA), la investigación deberá disponerse al momento de ordenar dichas medidas.

Esto introduce una regla procesal que antes no estaba expresamente prevista.

🔎 ¿SIGNIFICA QUE TODA DEMANDA DE PRIVACIÓN DEBE ACOMPAÑARSE DE UNA INVESTIGACIÓN PREVIA?

No.

La reforma no convierte la investigación del artículo 268 en un requisito universal de toda demanda de privación de patria potestad.

Por el contrario, establece expresamente un mecanismo para que, cuando la demanda se dirija contra ambos progenitores, la investigación sea activada por el propio juzgador al calificar la demanda.

Y aquí aparece una cuestión jurídica que merece especial atención.

El artículo 270 del CONA, en su texto anterior, establecía que a la demanda de privación por ausencia injustificada debía acompañarse copia certificada del proceso de investigación policial y social, señalando incluso que su omisión era causa de nulidad.

La Corte Nacional de Justicia había interpretado esta disposición en el sentido de que, tratándose de privación por ausencia injustificada, primero debía realizarse la investigación y posteriormente presentarse la demanda.

Ese criterio era coherente con el texto normativo vigente en ese momento.

Pero hoy tenemos una nueva disposición:

El artículo 113 ordena que, cuando la privación se promueva contra ambos progenitores, el juez disponga la investigación al momento de calificar la demanda.

Por ello, resulta necesario realizar una interpretación sistemática.

No parece jurídicamente razonable interpretar que:

➡️ La ley ordena al juez iniciar la investigación después de presentada la demanda;

Pero simultáneamente

➡️ La demanda sería nula porque esa investigación no fue acompañada antes de presentarla.

En otras palabras:

La reforma parece haber trasladado el momento de activación de la investigación al interior del propio proceso.

⏱️ Y AHORA EXISTE UN PLAZO

El artículo 268 reformado establece que el informe de investigación deberá ser presentado al juez competente en un plazo máximo de dos meses, contados desde que el ente rector en materia de inclusión económica y social tenga conocimiento del caso.

El juez podrá prorrogar este plazo una sola vez y hasta por un mes, cuando existan circunstancias que lo justifiquen.

Esto demuestra la finalidad de la reforma:

Evitar que la investigación de la situación familiar del NNA se prolongue indefinidamente.

👨‍👩‍👧 ¿Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA INVESTIGACIÓN?

Porque la privación de patria potestad de ambos progenitores no puede analizarse únicamente desde la relación entre padres e hijos.

También debe determinarse qué ocurre con la familia ampliada.

Si existen parientes dentro del tercer grado de consanguinidad que puedan asumir el cuidado del NNA, la respuesta jurídica puede ser diferente.

La investigación permite determinar:

🔸 si existen progenitores localizables;

🔸 si existen familiares;

🔸 dónde se encuentran;

🔸 si pueden asumir el cuidado;

🔸 si procede una medida de protección diferente;

🔸 o si, finalmente, se configuran las condiciones para la declaratoria de adoptabilidad.

Por eso, la investigación no es un mero requisito burocrático.

Es una garantía para que la adopción sea realmente subsidiaria respecto de la familia biológica.

⚠️ UNA PRECISIÓN IMPORTANTE

Esto tampoco significa que toda suspensión o privación de patria potestad deba estar precedida de una investigación policial y social.

Hay que diferenciar:

Suspensión de patria potestad ≠ Privación de patria potestad ≠ Investigación del Art. 268 ≠ Declaratoria de adoptabilidad.

Son instituciones distintas que pueden conectarse en determinados casos, pero no pueden confundirse.

La reforma debe ser interpretada atendiendo a la finalidad de cada una.

🧩 ENTONCES, ¿CUÁL ES LA REGLA ACTUAL?

Podríamos resumirla así:

🟢 No toda demanda de privación de patria potestad requiere acompañar previamente una investigación del artículo 268.

🟢 Cuando la demanda de privación se dirige contra ambos progenitores, el juez debe disponer el inicio de la investigación al calificar la demanda.

🟢 Si ya existen medidas judiciales de protección, la investigación se dispone al momento de ordenar dichas medidas.

🟢 La investigación tiene ahora un plazo máximo de dos meses, prorrogable excepcionalmente por un mes.

🟢 La existencia de familiares que puedan asumir el cuidado debe ser investigada antes de avanzar hacia una solución adoptiva.

⚖️ UNA REFLEXIÓN FINAL

Mi publicación de 2024 partía de una preocupación que considero todavía vigente:

No podemos convertir las normas de protección de la niñez en una acumulación de requisitos formales que no tengan relación con el caso concreto.

Pero tampoco podemos utilizar la celeridad como argumento para omitir una búsqueda seria de la familia del NNA.

La reforma parece intentar encontrar ese equilibrio:

- Investigar, pero hacerlo oportunamente;

- Buscar a la familia, pero sin eternizar la búsqueda;

- Proteger el derecho a vivir en familia, pero sin mantener indefinidamente a un NNA en acogimiento institucional.

Y quizás la pregunta más importante ya no sea:

“¿Dónde está la investigación que debía acompañarse a la demanda?”

Sino:

“¿Está el Estado realizando, dentro del plazo legal, una investigación suficiente que permita determinar cuál es la mejor alternativa familiar para ese NNA?”

Porque agilizar la adopción no significa simplemente acelerar expedientes.

Significa evitar que la infancia de un niño transcurra esperando una decisión.

🌎 UNA MIRADA DESDE EL SISTEMA INTERAMERICANO

Esta discusión tampoco puede analizarse únicamente desde el derecho interno.

En el caso Fornerón e hija Vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que la separación de un niño de su familia biológica constituye una medida de especial gravedad y que sólo puede justificarse cuando concurren circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas y conforme a las garantías judiciales.

La Corte fue clara en señalar que el derecho del niño a crecer con su familia de origen es fundamental y que el interés superior del niño no puede utilizarse para legitimar la inobservancia de requisitos legales, errores o deficiencias en los procedimientos judiciales. (Corte IDH)

Este estándar resulta especialmente relevante frente a la investigación prevista en el artículo 268 del CONA.

Porque una investigación insuficiente no solamente puede perjudicar al niño, niña o adolescente al impedir que se determine adecuadamente cuál es su entorno familiar.

También puede terminar vulnerando los derechos de sus progenitores.

¿Qué ocurre si un padre está siendo considerado ausente porque nunca fue efectivamente localizado?

¿Qué ocurre si existen familiares que podrían asumir el cuidado, pero no fueron buscados adecuadamente?

¿Qué ocurre si se declara la privación de patria potestad y posteriormente la adoptabilidad sin haber realizado una búsqueda seria, suficiente y diligente?

El riesgo es que una decisión que pretendía proteger al NNA termine produciendo una separación familiar que no fue suficientemente investigada ni jurídicamente justificada.

Por eso, la investigación del artículo 268 tiene una doble dimensión:

👧 Protege el derecho del NNA a vivir y crecer en familia; y,

👨‍👩‍👧‍👦Protege los derechos de los progenitores y de la familia de origen frente a una separación estatal injustificada.

En otras palabras: Investigar no es retrasar la adopción.

Investigar correctamente es garantizar que la adopción sea realmente la última alternativa y que la decisión de separar al NNA de su familia de origen esté sustentada en hechos comprobados y no en presunciones, omisiones o búsquedas incompletas.

Ese es, precisamente, el equilibrio que debe buscar la reforma:

Celeridad, sí; pero nunca a costa de las garantías.

Fuentes de consulta:

- Asamblea Nacional del Ecuador. 2015. Código Orgánico General de Procesos. Quito: Fiel Web.

- Asamblea Nacional del Ecuador. 2026. Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. Registro Oficial, Octavo Suplemento No. 347, 14 de agosto de 2026.

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2012. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242. Consultar sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

- Congreso Nacional del Ecuador. 2003. Código de la Niñez y Adolescencia. Quito: Lexis S.A.

- Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Consultas absueltas. Materia: Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores. Consulta relacionada con la interpretación de los artículos 268, 269 y 270 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

- Enríquez Klerque, Lilian. 2024. Investigación de la Policía Especializada y del Equipo Técnico. ¿Cuándo es necesario adjuntar a la demanda de privación/pérdida de patria potestad la investigación de la Policía Especializada y del Equipo Técnico? Desde la mente del juez, 27 de enero de 2024. Ver publicación anterior⁠

La prueba para mejor resolver

Hace algún tiempo me invitaron a realizar una ponencia por parte del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, es ahí donde hable de la prueba para mejor resolver, desde mi experiencia profesional. Expliqué con ejemplos los momentos en que hablé sido utilizada. Aquí encontrarán el desarrollo de la misma, que pude efectuarla con la ayuda de las herramientas tecnológicas con que contamos hoy en día.

La prueba para mejor resolver constituye una de las expresiones más significativas del rol activo del juez dentro del proceso judicial. No obstante, su naturaleza ha sido objeto de confusión, pues en ocasiones se la concibe erróneamente como una obligación del juzgador o como un mecanismo destinado a suplir la carga probatoria de las partes. En realidad, se trata de una facultad jurisdiccional discrecional y excepcional, cuyo ejercicio se encuentra sujeto a límites legales precisos y al respeto irrestricto del debido proceso.

El sistema procesal ecuatoriano parte de una regla clara: la carga de la prueba corresponde a las partes procesales, quienes deben aportar los medios probatorios necesarios para sustentar sus pretensiones o contradicciones, conforme lo disponen los artículos 143 y 152 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). El juez, por tanto, no actúa como investigador ni como sustituto de la actividad probatoria de las partes, sino como un tercero imparcial encargado de resolver el conflicto con base en los hechos alegados y probados en el proceso.

Sin embargo, esta regla general admite una excepción: la prueba para mejor resolver, prevista en el artículo 168 del COGEP. Esta facultad permite al juez disponer, de oficio, determinados medios probatorios cuando resulte indispensable para esclarecer hechos relevantes ya debatidos, a fin de adoptar una decisión más ajustada a la verdad. Su ejercicio, empero, no es irrestricto. El propio legislador ha fijado límites temporales y materiales que impiden su utilización arbitraria.

El artículo 143 del COGEP, ubicado en el apartado de disposiciones comunes relativas a los actos de proposición, establece que el juzgador no podrá ordenar la práctica de pruebas en contravención a dicha norma, y que, de hacerlo, estas carecerán de valor probatorio. En consecuencia, esta facultad no puede ejercerse en etapas iniciales del proceso, como la calificación de la demanda. Un ejemplo claro de esta restricción se observa en los procesos de alimentos, donde anteriormente era práctica común disponer de oficio que se oficie al IESS para que remita el mecanizado de aportes del demandado, incluso sin petición de parte. Tal actuación resulta incompatible con el régimen probatorio previsto por el COGEP, pues traslada indebidamente al juez la carga probatoria que corresponde a las partes.

Ahora bien, existen momentos procesales específicos en los que la prueba para mejor resolver puede ser válidamente ejercida. Uno de ellos es al resolver las excepciones previas, como ocurre en los casos de incompetencia territorial. Por ejemplo, en un juicio de alimentos, la parte demandada alega la incompetencia del juzgador y presenta una denuncia previa en la que consta que el domicilio de la accionante se encontraba en la ciudad de Quito. Posteriormente, al presentar la demanda de alimentos, la misma persona señala como domicilio la ciudad de Ibarra. Frente a esta contradicción, el juez no está obligado a creer ciegamente a una de las partes, sino que puede disponer prueba para mejor resolver, como requerir un certificado de residencia, una declaración juramentada o documentos que permitan establecer con certeza el domicilio actual. En este caso, el juez se encuentra obligado a resolver la excepción planteada y, para hacerlo adecuadamente, puede acudir a esta facultad.

Otro momento relevante es la etapa de conciliación, en la cual el juez cumple un rol activo orientado a promover acuerdos entre las partes. Un ejemplo ilustrativo se presenta en los procesos de partición de bienes de la sociedad conyugal. Luego de realizado el inventario, una de las partes puede alegar la existencia de deudas o gastos no considerados, como el pago de impuestos prediales, matrículas vehiculares, revisiones técnicas, mantenimiento o mejoras efectuadas con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal. En este escenario, el juez puede disponer, como prueba para mejor resolver, el nombramiento de un perito que revise las facturas y determine los valores correspondientes. Este ejercicio no solo permite esclarecer la controversia, sino que además facilita la conciliación y la solución anticipada del conflicto.

Asimismo, la prueba para mejor resolver puede disponerse durante la audiencia preliminar, particularmente en la fase de debate probatorio. Por ejemplo, cuando las partes han anunciado prueba documental compleja, como declaraciones de impuestos u otros documentos técnicos, el juez puede ordenar la intervención de un perito para que explique su contenido y alcance, haciendo comprensible la información para las partes y para el propio juzgador. Esta facultad encuentra sustento en la inspección judicial, que no se limita a lugares físicos, sino que también puede recaer sobre objetos y documentos.

Uno de los momentos más relevantes para el ejercicio de esta facultad es luego de la práctica de la prueba y antes de los alegatos, cuando el juez, tras valorar los medios probatorios aportados por las partes, advierte contradicciones o insuficiencias que le impiden formarse convicción. En este contexto, puede disponer un nuevo peritaje, el debate entre peritos o aclaraciones técnicas, siempre garantizando el derecho de contradicción de las partes y la práctica de la prueba dentro de audiencia.

Incluso después de los alegatos, dependiendo de la complejidad del caso, el juez puede suspender la audiencia para revisar el expediente y, de ser necesario, convocar nuevamente a las partes a fin de solicitar aclaraciones. Por ejemplo, si surge duda sobre la autenticidad o legibilidad de un documento, como una copia borrosa de un carné de discapacidad, el juez puede ordenar que se exhiba el original o que se oficie a la autoridad competente, como el Ministerio de Salud, para verificar la información.

Finalmente, la prueba para mejor resolver también puede ser utilizada en segunda instancia, especialmente en materias sensibles como niñez y adolescencia. Un ejemplo de ello es la escucha directa y reservada de niños, niñas y adolescentes, cuando el tribunal considera necesario acudir a la fuente directa de la prueba para aclarar aspectos relevantes del caso, protegiendo su integridad y evitando su revictimización. Asimismo, los jueces de segunda instancia pueden requerir aclaraciones a peritos o testigos cuando lo estimen indispensable para resolver el recurso.

En todos los casos, la prueba para mejor resolver debe referirse exclusivamente a hechos que hayan sido objeto del debate procesal. No puede utilizarse para introducir hechos nuevos ni para suplir deficiencias probatorias de las partes. Las partes debaten entre sí, no con el juez, y es sobre ese debate que debe construirse la decisión judicial.

En conclusión, la prueba para mejor resolver es una facultad excepcional, discrecional y legítima del juez, orientada a garantizar decisiones más justas y apegadas a la verdad. Su no utilización no puede ser objeto de reproche, pues la carga de la prueba recae en las partes procesales. El juez solo debe acudir a ella cuando existan dudas razonables que oscurezcan los hechos y cuando su intervención resulte necesaria para cumplir con el fin último del proceso: la realización de la justicia. 

Fuentes de información:

Asamblea Nacional del Ecuador (2015), Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Extraído de Fiel Web.

El abandono como causal de Divorcio (versión original)

 

El divorcio es una de las formas de disolver el matrimonio. Entre sus modalidades, el Código Civil de 2005 establece el divorcio por mutuo consentimiento (Art. 107) y el divorcio por causales (Art. 110). En relación con el divorcio por causales, el Artículo 110, numeral 9, del Código Civil dispone: “Son causas de divorcio: […] El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses ininterrumpidos”.

En relación con el divorcio por causales, el Artículo 110 numeral 9 del Código Civil establece que: “Son causas de divorcio: […] El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses ininterrumpidos”.

La doctrina ha definido esta causal como el alejamiento del hogar con la intención de sustraerse a los deberes conyugales. Es decir, para que se configure la causal de abandono deben concurrir los siguientes elementos: 1) Alejamiento del hogar o separación; y, 2) intención de sustraerse de los deberes conyugales, esto es, de cumplir con las obligaciones que tienen los cónyuges entre sí.

Pareciera que esto resulta fácil de interpretar dentro de un caso, pero no es así.

Lo explico aquí, resulta que el caso fácil sería uno como estos:

a) María y Juan están casados, viven en la ciudad de Ibarra. Juan decide separarse de su esposa y se va a vivir a casa de sus padres en la ciudad de Quito. Han pasado seis meses sin que María y Juan hayan vuelto siquiera a hablar, cada quien ha seguido con su vida y resulta que María o Juan podrían entablar una demanda de divorcio por la causal de abandono, el uno propone la acción, la otra se allana y así termina este matrimonio.

Ahora, los casos casi nunca resultan así de fáciles.

b) Ponemos nuevamente a María y Juan en el escenario. Resulta que Juan decide separarse de María y va a la casa de sus padres, pero resulta que ambos viven en casa de los padres de Juan. María vive en un cuarto que antes compartía con Juan, pero éste se ha pasado a dormir a su anterior dormitorio que mantenía cuando aún era soltero. El ingreso a la casa de los padres de Juan es uno solo. Resulta que Juan evita a toda costa cruzarse con María, pero en más de una ocasión, coinciden al salir, incluso comparten responsabilidades en relación con sus hijos, como el hecho de ir a dejarlos y recogerlos del colegio. 

Ni Juan ni María intentan mejorar su situación, dejaron de hablarse y cualquier mensaje se lo comunican mediante sus hijos u otros parientes. Juan se halla en otro cuarto y ya ni siquiera provee lo necesario para mantener a su esposa, ella a su vez ha seguido un juicio de alimentos para reclamar que al menos Juan provee de una pensión que le permita mantener a los niños.

Resulta que Juan intenta una acción de divorcio, lo plantea como divorcio por la causal de abandono, los testigos que lleva María, quien se opone a la acción, refieren que siguen viviendo bajo el mismo techo, que incluso se los ve juntos en los eventos escolares de sus hijos, pero estos testigos no podrían saber a ciencia cierta lo que ocurre en la intimidad de la pareja, porque máximo podrían declarar en base a lo que María o Juan o los suegros les hayan contado. Incluso los suegros podrían declarar que ya no duermen juntos, pero como suele ocurrir, se trata de restar credibilidad a lo declarado por lo parientes cercanos a uno de los cónyuges por falta de imparcialidad.

Entonces, ¿cuál es la medida o qué tan lejos debe estar el uno del otro cónyuge para entender que existe un alejamiento?

Podría decirse que hay una falta de armonía en el hogar, si prácticamente la falta de armonía por lo general se habla de ella cuando los cónyuges se tratan como perros y gatos, esto es, que pasan todo el tiempo peleando. No obstante, en el caso planteado, Juan ha decidido dejar el cuarto conyugal (el que compartía con María) para evitar precisamente las confrontaciones, pero eso no significa que quisiera seguir compartiendo su vida con María. El hecho de ser un padre responsable o no, no incide en la relación que puedan tener como pareja.

c) En otro escenario, resulta que Juan y María viven en el extranjero, María retorna al Ecuador, mientras Juan se mantiene viviendo en el extranjero durante varios años. Hablan periódicamente, Juan provee voluntariamente de lo necesario a su esposa e hijos, pero ya no tiene ninguna intención de volver al país (puede incluso que Juan sea extranjero y no tenga razones para estar en el Ecuador). De vez en cuando discutían por redes sociales, pero para evitar hacerlo, resulta que cada vez más han limitado su comunicación; no obstante, Juan no ha descuidado de proveer a María de los recursos necesarios para que tenga una buena vida junto a sus hijos. La visita una vez al año, pero el centro de su atención son los niños. María siente que ya no podría seguir con una relación así, a pesar de que los mayores años de su matrimonio los pasaron en países separados y así sentía tener un matrimonio feliz, pues esta fue la modalidad en que decidieron mantener su familia.

Cuando siente que no es felicidad lo que le da esta forma de vida, María intenta plantear el divorcio por la causal de abandono, pero resulta que Juan se opone indicando que a pesar de no vivir bajo el mismo techo, siempre ha estado pendiente de proveer a su familia lo necesario para subsistir más que dignamente y que además comparten momentos cada que pueden estar en el mismo lugar.

Como había planteado inicialmente, la doctrina y las decisiones de la Corte Nacional de Justicia sostienen que para que se configure la causal de abandono deben concurrir como elementos: el alejamiento del hogar o la separación; y, la intención de sustraerse de los deberes conyugales, esto es, de cumplir con los deberes que tienen los cónyuges entre sí.

Además, encontramos que se indica que en el principal deber que se observa el incumplimiento es en el de cohabitar, pero nos encontramos en qué entendemos por cohabitar, vivir en la misma casa, en el mismo cuarto o en la misma cama, cuando encontramos parejas que en ocasiones ni siquiera viven en el mismo país y este ha sido un acuerdo desde que iniciaron con su relación matrimonial.

Entonces hablamos del asunto de que el abandono se configura cuando adicionalmente se observa que la persona se sustrae de cumplir con otras obligaciones o deberes que te impone la ley.

Entre los deberes que establece la ley les corresponde a los cónyuges, está que “deben suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir, según sus facultades, al mantenimiento del hogar común… suministrar al otro, el auxilio que necesite para sus acciones o defensas judiciales…” deberes que según la ley subsistirán mientras no se disuelva legalmente el matrimonio, aunque no mantuvieren un hogar común (Código Civil, 2005, Art. 138).

Como podemos ver, los casos que pudiéramos pensar resultan simples cuando se trata del divorcio por la causal de abandono, en ocasiones pueden resultar complejos, pues le corresponde al juez interpretar qué debe entenderse por alejamiento o separación y cuando se consideraría que ha operado el incumplimiento de obligaciones.

Hay tratadistas del derecho de familia que resaltan que esta causal constituye un incumplimiento del deber de cohabitación que debe revelar una clara intención definitiva de apartarse de la convivencia con el otro; el Dr. José García Falconí en su obra “El Juicio de divorcio por causales”, ha expuesto que el abandono “… es en general alejamiento del hogar con la intención de sustraerse a los deberes de cohabitación y asistencia legalmente injustos al cónyuge y que nacen en forma conjunta. Puede tratarse del abandono del domicilio conyugal, de la negación a reintegrarse a él o de la negativa del marido de recibir a su mujer...”; pero como puede observarse, el domicilio puede estar dentro de la misma vecindad e incluso de la misma casa, la cual podría tener varios departamentos o incluso otra forma de disposición, que complica el determinar si esta causal ha operado o no, cuando los cónyuges mantienen la misma dirección domiciliaria.

Además, la Corte Nacional de Justicia, ha manifestado que “[…] El abandono del cónyuge, […] implica el rompimiento de los elementos y vínculos que genera el contrato de matrimonio, como son: vivir juntos, guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida; suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir, según sus facultades, al mantenimiento del hogar común. Es decir que, abandono no significa simplemente separación física de los cónyuges, sino que en el abandono hay una intencionalidad de romper los vínculos del matrimonio […]” (DIVORCIO. Expediente 14, Registro Oficial Suplemento 6, 7 de Junio del 2013).

Pero ¿qué pasa cuando existe subjetividad en lo que ha de interpretarse como separación física? Precisamente porque los cónyuges pueden o no estar en la misma residencia, pero en cuartos separados; no obstante, pueden haber dejado al otro en la desprotección, es decir, sin los recursos necesarios para subsistir, por lo que he considerado que en la práctica el abandono se evidencia por varios factores:

1)   Por la separación física al vivir en distintos domicilios (diferentes países, provincias, ciudades, barrios, calles, casas), lo cual es percibido por los testigos y que a la vez haber desprovisto de la manutención y auxilio al otro cónyuge.

 

2)   Por la separación de cuerpos a pesar de vivir dentro del mismo domicilio, habitan en distintos cuartos o en distintas camas, lo cual no es percibido por los testigos y muchas veces sólo resulta de conocimiento de los mismos cónyuges, sumado al hecho de haber desprovisto de la manutención y auxilio al otro cónyuge.

 

3)   Por la separación física al mantener domicilios distintos, aunque la persona siga proveyendo de una manutención al otro cónyuge, pues existe otra forma de auxilio que el cónyuge pudiera necesitar (un ejemplo sería el apoyo moral ante calamidades domésticas, como la muerte de parientes cercanos o el cuidar del otro ante una enfermedad, pues en ocasiones la provisión de recursos económicos no resulta suficiente).

 

4)   Por el hecho de haber desprovisto de la manutención y auxilio al otro cónyuge, porque puede que vivan en el mismo hogar y tengan una relación de cordialidad (no falta de armonía), pero la relación que mantienen ha dejado de ser de pareja y cada uno mira únicamente por sus propios intereses (entiéndase al haber desprovisto del auxilio incluso a la falta de intimidad entre los cónyuges).

 

El hecho de que uno de los cónyuges haya salido del hogar por más de seis meses no es suficiente para determinar que haya operado el abandono, pues se exige que esta separación resulte ser por causas injustificadas. Esto denota que existen causas de justificación de la salida del hogar, tales como enfermedad o tratamiento médico en un hospital dentro o fuera del país, lo mismo el cursar estudios en cualquier modalidad, como un post grado en el extranjero, por motivos laborales, como en el caso de militares en servicio activo, policías, personas que deben acudir al extranjero a recibir capacitaciones por motivo del cargo, cuidar parientes enfermos durante su estadía en el hospital o en la casa de estos parientes; y, así existen otras razones.

Con relación a la extensión de medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, la persona no podría justificar su ausencia del hogar durante años, pues se supone que las medidas de protección se extienden hasta que se superen los motivos que provocaron su emisión, pero si las personas simplemente deciden alejarse y no asistir a terapias o buscar ayuda para salvar su matrimonio, operaría el abandono.

Mi posición frente a la evolución hacia el divorcio incausado se debe en que realmente lo que debe sostener un matrimonio es la voluntad de ambos cónyuges y no sólo la de uno de ellos. El día en que se acaba esa voluntad, la persona debería ser libre para optar por ser libre de ese vínculo; no obstante, hay quienes sostienen que el divorcio por la causal de abandono es lo que permite excluir bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, pues el periodo del abandono también resulta un determinante para garantizar los bienes adquiridos exclusivamente por el cónyuge agraviado por el abandono. No obstante, considero que no debería existir esta regla, pues muchas veces del contexto familiar en cada caso, se podría establecer cuáles son los bienes sociales que deben incluirse y cuales no.

El hecho de no realizar ningún tipo de análisis sobre estos asuntos puede acarrear un sinnúmero de injusticias, por ejemplo, más que en relación a los bienes que se deben incluir en el inventario de bienes de la sociedad conyugal, en cuanto al pasivo social. Pues se han resuelto casos en los que uno de los cónyuges pretende que se considere como pasivo común a los créditos que obtuvo mientras tramitaba el divorcio o la disolución de la sociedad conyugal por cualquier otra causal, cuando no debería ser así, por ello, cada caso debe resolverse de acuerdo a sus particularidades propias y no tratar de estandarizar situaciones que pueden no resultar aplicables a un caso a pesar de que parecería tener un común denominador.

Si en la Constitución de la República se reconocen a los distintos tipos de familia, lo cual incluye las distintas formas en que esta pueda constituirse, también debemos comprender que no puede entenderse como un caso de abandono a una sola de sus formas. Depende de las particularidades que presente, esto es, del contexto en que cada familia se ha constituido y se ha desenvuelto, en ocasiones, frente a la causal de abandono sólo vamos a poder evidenciar uno sólo de los elementos que la doctrina ha establecido para considerarlo como tal y debería primar el hecho de que la persona ha incumplido con las obligaciones o deberes que le impone el matrimonio y que se desprenden de la propia definición de esta institución, que no se reduce a la cohabitación puesto que puede resultar una interpretación subjetiva, pero sí al auxiliarse mutuamente, proveyéndose de lo necesario para sostener el hogar común, basados en el afecto y el respecto mutuos.

Este es el aporte que quería efectuar al derecho de familia desde la práctica y desde la mente del juez.

¡Gracias por leerme!

Fuentes de consulta:

 

Asamblea Constituyente. 2008. Constitución de la República. Lexis S.A.

 

Congreso Nacional del Ecuador. 2005. Código Civil. Quito: Lexis S.A.