En el año 2022, presenté una petición de medidas cautelares en al ámbito de la jurisdicción constitucional, la cual ha sido signada con el No. 10333-2022-02536, por cuanto en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura realizó una convocatoria dirigida a exclusivamente a Jueces de primer nivel civiles para nombramiento temporal – juez de reemplazo por licencia sin remuneración para Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Dada mi condición de Juez de primer nivel, tenía legítimas aspiraciones a participar en dicho concurso interno, por ende justificaría mi interés en dicho asunto. Comparto con mis lectores el contenido principal de la misma:
Esta petición había sido planteada en contra de la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura y del Procurador General del Estado.
ACTO U OMISIÓN QUE AMENZA CON VULNERAR A DERECHOS CONSTITUCIONALES
El acto que amenaza con vulnerar derechos constitucionales es la comunicación de fecha viernes 28 de octubre de 2022 a las 15h50, con el asunto: CONVOCATORIA A JUECES DE PRIMER NIVEL CIVILES PARA NOMBRAMIENTO TEMPORAL – JUEZ DE REEMPLAZO POR LICENCIA SIN REMUNERACIÓN PARA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE PROVINCIAL, emitida por la Ing. María Eugenia Maya Izurieta, Responsable del Departamento de Talento Humano de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, dirigida exclusivamente a los Jueces de lo Civil de la ciudad de Ibarra, sin que se incluya a otros operadores de justicia del cantón.
ANTECEDENTES
1. Mediante correo electrónico, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, enviado por la Ing. María Eugenia Maya Izurieta, Responsable del Departamento de Talento Humano de dicha dependencia ha dado a conocer a los señores Jueces de lo Civil de la ciudad de Ibarra, señores Doctores: Juan Pablo Mariño Tapia, Henry Francis Franco Franco, Jackelin Silvana Solis Escobar, Santiago Xavier Grijalva Pozo, Milton Radames Teran Grijalva, Jhonny Gustavo Palacios Soria, Pablo Enrique Vintimilla Parra y Jorge Orlando Chiza Landeta, el siguiente comunicado:
“CONVOCATORIA A JUECES DE PRIMER NIVEL CIVILES PARA NOMBRAMIENTO TEMPORAL - JUEZ DE REEMPLAZO POR LICENCIA SIN REMUNERACION PARA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA
En virtud de la necesidad de la Dirección Provincial de realizar el reemplazo temporal del Doctor JIMENEZ GUERRERO WILIAN JOSELITO, JUEZA O JUEZ DE LA CORTE PROVINCIAL.
Mediante Memorando-CJ-DNDMCSJ-2022-1411-M T:DP10-EXT-2022-01169 CJ-INT-2022-22135 Quito D.M., miércoles 26 de octubre de 2022, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial en Ratificación en Dimensionamiento para la Sala Civil de la Corte de Justicia de Imbabura y Ratificación del Dimensionamiento de Unidades Judiciales de la provincia de Imbabura indica:
(….) “través de memorando No. CI-DNDMCSJ-2022-1323-M de 11 de octubre de 2022, signado con trámite No. DP10-INT-2022-02020, esta Dirección Nacional remitió a la Dirección Provincial de Imbabura, un dimensionamiento de jueces por dependencia judicial vigente, de la provincia de Imbabura.
En virtud de lo anteriormente expuesto y conforme las competencias estatutarias de esta Dirección Nacional, que es “establecer el número de jueces o juezas necesarios para una adecuada prestación de servicio”, me permito ratificar en el contenido de los memorandos remitidos por esta Dirección Nacional y mencionados en el memorando circular No. C-DNDMCSJ-2022-0268-MC de 19 de septiembre de 2022, en los cuales de manera general se determina que la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la provincia de Imbabura debe prestar sus servicios con tres (3) juzgadores, es decir un tribunal fijo completo.
Así también, ratificar el contenido del memorando No. CJ-DNDMCSJ-2022-1323-M de 11 de octubre de 2022, mismo que contiene el Dimensionamiento de jueces necesarios para las unidades judiciales que pertenecen a la provincia de Imbabura, insumo que permitirá a la Dirección Provincial de Imbabura acogerse a lo dispuesto por la Dirección General del Consejo de la Judicatura y continuar con el procedimiento descrito en el Informe Técnico No. CI-DNTH-SA-2022-160 de 21 de junio de 2022, conforme las directrices emitidas y autorizadas por dicha autoridad mediante memorando circular No. CI-DG-2022-0172-MC de 17 de enero de 2022, respecto a nombrar jueces de primer nivel de manera temporal y de esta manera cubrir temporalmente vacantes para los Tribunales de Garantías Penales y Salas de Corte Provincial.”
Al amparo del artículo 40 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura efectuará nombramientos temporales a los jueces de primer nivel; si fuera el caso, luego en base a los estudios técnicos de las Direcciones Nacionales de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y de Gestión Procesal las vacantes de jueces que se generen en las unidades judiciales se podrá cubrir con los elegibles provenientes de la Resolución No. 003-2018 de 03 de enero de 2018, con nombramiento temporal.
La Dirección Provincial de Imbabura pone en su conocimiento que en virtud de la Licencia sin Remuneración del Juez Dr. JIMENEZ GUERRERO WILIAN JOSELITO, se generaría la vacante temporal de un juez para el otorgamiento de Nombramiento Temporal, cuyo perfil será considerado del grupo de Jueces de primer nivel CIVIL.
En virtud de la necesidad y especialización en la materia CIVIL se convoca a todos los jueces CIVILES de primer nivel de LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTON IBARRA que tengan el interés en el Nombramiento de Juez Temporal de SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA, en virtud del dimensionamiento provincial y tomando en cuenta el siguiente perfil.
PERFIL
El perfil del postulante, deberá ser el de un profesional del Derecho Civil con una sólida formación académica; con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria personal éticamente irreprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación de servicio público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el cambio institucional de la justicia
Contar con al menos 3 años de experiencia en Libre ejercicio profesional, Litigación, Patrocinio o Docencia universitaria, EN MATERIA CIVIL
Contar con certificaciones de haber impartido cursos talleres, foros, congresos, paneles, simposios y/o conferencias en temas jurídicos, el certificado deberá constar las horas impartidas.
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE
Hoja de vida actualizada;
Cédula y papeleta de votación;
Títulos profesionales debidamente registrados en la página web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT);
Certificados que acrediten la experiencia profesional, en materia CIVIL, y en caso de existir, experiencia en Salas de Corte (civil), donde podrá ser designado temporalmente.
Certificados de haber impartido, cursos talleres, foros, congresos, paneles, simposios y/o
conferencias en temas jurídicos, el certificado deberá constar las horas impartidas.
Certificado emitido por control Disciplinario respecto a sanciones a nombre del postulante
Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público.
POSTULACIÓN
Las postulaciones serán receptadas por la Dirección Provincial de Imbabura EN SOBRE CERRADO, el día lunes 31 de octubre de 2022 hasta las 17:00, con toda la documentación solicitada en el perfil, misma que deberá ser ingresada en la Ventanilla de secretaría de la Dirección Provincial, con comunicación expresa dirigida a la Directora Provincial de Imbabura Ab. Katherine Luna Lafuente, en la cual se ponga en conocimiento que, de ser calificado para el mencionado NOMBRAMIENTO TEMPORAL, está aceptando su temporalidad y en caso de darse por terminado, el juzgador retornará a su Nombramiento Actual como Juez de primer Nivel en la unidad a la que pertenece…”
2. Debo referir adicionalmente que mediante correo electrónico dirigido a la señora Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, de fecha lunes 31 de octubre del 2022 a las 11h58 he solicitado en lo principal que:
“…se comunique a los Jueces de primer nivel de la Provincia de Imbabura respecto a los lineamientos dados en la Convocatoria para nombrar un Juez Temporal para la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, así como los motivos por los cuales se nos excluye de dicha convocatoria al resto de jueces de la provincia, dirigiendo tal convocatoria exclusivamente a ocho personas….”.
3. Ante ello, he recibido la siguiente respuesta emitida por parte de la Dra. Katherine Edith Luna Lafuente:
“…Por medio del presente se debe indicar que la convocatoria interna ha sido realizada únicamente para los Jueces de la Unidad Multicompetente Civil de Ibarra ya que, en esta dependencia judicial a la presente fecha existen 8 juzgadores en funciones y el plan de cobertura únicamente considera a 7 juzgadores óptimos para la dependencia judicial.
Resaltando que en las demás dependencias Judiciales de la provincia, el número de unidades es el necesario para garantizar la correcta prestación del servicio de justicia y toda vez que es un tema temporal se ha considerado únicamente esa dependencia.
Sin embargo, en el caso de que exista una vacante permanente se tomará en cuenta a todos los despachos de la provincia…”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Transgresión del derecho a la igualdad y no discriminación
La igualdad como principio y derecho constitucional se encuentra consagrado en los artículos 11 numeral 2 y 66 numeral 4 de la Constitución de la República:
Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
[…]
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.
La ley sancionará toda forma de discriminación”.
Art. 66. “Se reconoce y garantizará a las personas:
[…]
4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”.
De la misma manera, la Corte Constitucional ha señalado en la Sentencia No. 124-16-SEP-CC que la igualdad y no discriminación como derecho y principio constitucional “... halla su reconocimiento en la Constitución de la República como un presupuesto para la consecución del Estado constitucional de derechos y justicia. La obligación constitucional de garantizar el goce y ejercicio de los derechos constitucionales no puede verse cumplida sin que se verifique la condición de no excluir a ningún sujeto de tal estatus”.
Así también, en la sentencia No. 309-16-SEP-CC, respecto a la igualdad se ha manifestado que: “… la discriminación -la vulneración del derecho a la igualdad por excelencia- es el acto de hacer una distinción segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. Generalmente, se usa la “no discriminación” para referirse a la violación de la igualdad de derechos para los individuos cuando estos se encuentran en la misma situación jurídica. Según la doctrina constitucional, la discriminación ha sido una de las principales fuentes de vulneraciones a los derechos de las personas, debido a que como ciertas personas están marginadas de las decisiones, se les priva de ciertos derechos constitucionales”.
El derecho a la igualdad formal, implica que el Estado debe dar un trato similar o idéntico a personas que se encuentren en una misma situación, así como evitar tratos diferenciados que generen privilegios a ciertos individuos por sobre otros, con las excepciones que la misma Constitución de la República establece como medidas de acción afirmativa a favor de las personas que se hallen como grupos de atención prioritaria y especializada (Art. 35 CRE).
En relación con el caso, la “CONVOCATORIA A JUECES DE PRIMER NIVEL CIVILES PARA NOMBRAMIENTO TEMPORAL - JUEZ DE REEMPLAZO POR LICENCIA SIN REMUNERACION PARA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA”, por parte de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura por la cual se la dirige exclusivamente a los señores de la Unidad Judicial de lo Civil con Sede en el Cantón Ibarra vulnera el derecho a la igualdad formal, por cuanto genera privilegios injustificados de unos servidores judiciales sobre otros que nos hallamos en iguales condiciones.
Téngase en cuenta en lo principal que amenaza con vulnerar lo previsto en los Arts. 170 y 230 de la Constitución de la República:
Art. 170.- “Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana.
Se reconoce y garantiza la carrera judicial en la justicia ordinaria. Se garantizará la profesionalización mediante la formación continua y la evaluación periódica de las servidoras y servidores judiciales, como condiciones indispensables para la promoción y permanencia en la carrera judicial”.
Art. 230.- “En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley:
1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la docencia universitaria siempre que su horario lo permita.
2. El nepotismo.
3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo”.
El ascenso aún cuando sea temporal en una entidad jerarquizada como lo es la Función Judicial, debe efectuarse bajo los principios de “igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos”, según lo previsto en el Art. 36 del Código Orgánico de la Función Judicial. Concordante con lo manifestado resulta lo previsto en el Art. 80 de la LOSEP, que en el inciso final del Art. 80 establece en relación a los efectos de la evaluación que:
Art. 80.- “Efectos de la evaluación.- […]
La servidora o servidor calificado como excelente, muy bueno o satisfactorio, será considerado para los ascensos, promociones o reconocimientos, priorizando al mejor calificado en la evaluación del desempeño. Estas calificaciones constituirán antecedente para la concesión de estímulos que establece la ley y sugerir recomendaciones relacionadas con el mejoramiento y desarrollo de los recursos humanos”.
No se ha previsto en la Constitución ni en la ley la procedencia de una “promoción” o asenso, aún cuando fuere temporal, por motivo del número de juzgadores óptimos para el funcionamiento de una dependencia judicial, pues la única forma de garantizar la correcta prestación del servicio de justicia es priorizando el profesionalismo y excelencia de los servidores judiciales, lo cual se mide a través de las evaluaciones o concursos públicos, no direccionados, con plena observancia a los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos; lo contrario como en el presente caso generaría privilegios injustificados de los Jueces de la Unidad Judicial de lo Civil de Ibarra, frente a los otros servidores judiciales de otras Unidades de primera instancia en la provincia de Imbabura.
La entidad administrativa ha desconocido los principios en mención que rigen estos procedimientos, pues al requerirle se haga conocer de la convocatoria que se ha efectuado para la elección de un Juez Temporal para la Sala Especializada no penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, ha sido enfática al mencionar que: “… la convocatoria interna ha sido realizada únicamente para los Jueces de la Unidad Multicompetente Civil de Ibarra ya que, en esta dependencia judicial a la presente fecha existen 8 juzgadores en funciones y el plan de cobertura únicamente considera a 7 juzgadores óptimos para la dependencia judicial…”, lo cual a más de resultar un acto arbitrario, ilegítimo e inconstitucional, amenaza con vulnerar los derechos de participación y promoción de los demás servidores judiciales de Imbabura.
Los requisitos para ser Juez de Corte Provincial se encuentran previamente establecidos en la ley que regula la carrera judicial, esto es, en el Código Orgánico de la Función Judicial que establece:
Art. 207.- REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ DE LA CORTE PROVINCIAL.- Para ser jueza o juez de las cortes provinciales se requerirá:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano en goce de los derechos de participación política;
2. Tener título de abogado legalmente reconocido en el país;
3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o la docencia universitaria por el lapso mínimo de siete años; si proviene de la judicatura se encontrará por lo menos en la tercera categoría; y,
4. Cumplir con los demás requisitos necesarios para ser juez.
Art. 134.- REQUISITOS GENERALES PARA SER JUEZA O JUEZ.- Para ser jueza o juez se requiere ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos de participación política, ostentar el título de abogado, y reunir las demás calidades exigidas por la Constitución y las leyes.
[…]
Para ser jueza o juez de corte provincial, se deberá cumplir además los requisitos puntualizados en el artículo 207 de este Código.
[…]
Para ser jueza o juez de lo penal ordinario, de lo penal especializado, de lo civil y mercantil, de trabajo, de familia, mujer, niñez y adolescencia, de violencia contra la mujer y la familia, de lo contencioso administrativo, de lo contencioso tributario, de inquilinato y relaciones vecinales, único o multicompetente y de contravenciones, se requerirá además haber aprobado el curso respectivo de formación en la Escuela de la Función Judicial.
[…]”.
Como puede observarse, los requisitos que ha señalado la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura para la postulación de la convocatoria interna, resultan arbitrarias, puesto que se exige un tiempo de ejercicio de la abogacía de “tres años”, mientras que la norma establece el periodo mínimo de siete años; respecto a lo solicitado en cuanto a justificar experiencia impartiendo capacitaciones, este requisito ni siquiera resulta pertinente en el perfil en relación con el cargo disputado, puesto que no se trata de un cargo para “formadores de la Escuela de la Función Judicial”, sino de administradores de justicia, con experiencia en la resolución de casos en el ámbito no penal.
MEDIDAS CAUTELARES
Las medidas cautelares se pueden ordenar conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho, según el Art. 87 de la Constitución de la República.
PETICIONES
Como medidas cautelares solicito las siguientes:
1. Se suspenda el proceso de CONVOCATORIA A JUECES DE PRIMER NIVEL CIVILES PARA NOMBRAMIENTO TEMPORAL – JUEZ DE REEMPLAZO POR LICENCIA SIN REMUNERACIÓN PARA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE PROVINCIAL, emitida por la Ing. María Eugenia Maya Izurieta, Responsable del Departamento de Talento Humano de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, dirigida exclusivamente a los Jueces de lo Civil de la ciudad de Ibarra.
2. Se incluya en la convocatoria a todos los Jueces y Juezas de primer nivel de Imbabura.
3. Se observen los requisitos previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial (Art. 207 COFJ) para el efecto.
4. Con la finalidad de que pueda formar criterio, solicito se requiera a la entidad demandada a fin de que remita la información realizada respecto a este concurso, de manera especial el texto íntegro del correo electrónico remitido por Talento Humano a los señores Jueces de la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el Cantón Ibarra, de fecha viernes 28 de octubre del 2022 a las 15h50.
DECLARACIÓN
Declaro no haber interpuesto otra acción de medidas cautelares en contra de la entidad accionada por los mismos hechos.
NOTIFICACIONES
Notificaciones que me correspondan las recibiré en el correo … así mismo señalo mi teléfono celular …, a fin de ser requerida para prestar las facilidades del caso.
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Copia de cédula de ciudadanía.
- Print de pantalla del correo electrónico institucional que amenaza derechos.
- Correos electrónicos.
Por ser justo, dígnese proveer conforme a Derecho.
Firmo por mis propios y personales derechos.
Pues bien, esta acción fue rechazada, puesto que tras plantearla, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura efectuó una ampliación a la convocatoria, en la que incluyó a los Jueces de Civil y de Familia de la provincia.
Este es un claro ejemplo de que a veces perdiendo, también se “gana”.
Disculpen los errores que puedan encontrar los expertos constitucionalistas, pero sólo a través de la remisión a normas infraconstitucionales, no quiere decir que se trate de un asunto de legalidad. Pues el derecho sí está contenido en la Constitución aunque luego sea la ley la que desarrolle el mismo por mandato constitucional.
¿Pero qué pasó con ese concurso?
No notificaron ningún resultado, todo se manejó de manera reservada y actualmente se halla en el cargo un Juez que obtuvo el cargo gracias a la acción de protección No. 17203-2023-00475 (tramitada en la ciudad de Quito) por la cual le retornaron al Banco de Elegibles, del cual habría salido tras aceptar el cargo vacante en el Tribunal de Garantías Penales de Ibarra. ¿Y el ganador del "concurso interno"? pues sólo Dios y Talento Humano del CJ de Imbabura lo sabrán.
