La familia multiespecie en el divorcio: Un estudio crítico sobre las causales de inadmisión de la demanda en el COGEP
Autora:
Abg. Lilian Janeth Enríquez Klerque
Jueza de Familia, Unidad Judicial de Ibarra
Magíster en Derecho Procesal y Litigación Oral
Magíster en Familia y Derechos de Niñez y Adolescencia
Contenido:
I. Resumen.
II. Introducción.
III. El caso concreto de la Unidad Judicial de Familia en Cuenca.
IV. Marco legal de la admisibilidad de la demanda.
V. Causales expresas de inadmisión y distinción con la improcedencia.
VI. Análisis crítico de la indebida acumulación de pretensiones en el divorcio.
VII. Vías de tutela y el rol de la acción de protección: la Sentencia “Mona Estrellita”.
VIII. Perspectiva comparada y familia multiespecie.
IX. La generación de jurisprudencia y el rol del juez de primer nivel.
X. Conclusiones.
I. RESUMEN
El artículo analiza las causales de inadmisión de la demanda según el Art. 147 COGEP, identificando sólo dos expresas: incompetencia e indebida acumulación de pretensiones. Incorpora el incumplimiento de los Arts. 142 y 143 como causal adicional. Desde una visión constitucional progresista, critica el rechazo inicial de pretensiones sobre mascotas en divorcios, argumentando que no existe acumulación indebida (Art. 145). Se apoya en las sentencias 102-13-SEP-CC y 253-20-JH/22 (Mona Estrellita) para afirmar que el Juez de Familia debe admitir la demanda y resolver con interpretación pro natura, garantizando la tutela judicial efectiva.
Palabras clave: inadmisión de demanda, acumulación de pretensiones, familia multiespecie, interpretación pro natura, seres sintientes, tutela judicial efectiva, derechos de la Naturaleza.
II. INTRODUCCIÓN
El divorcio constituye uno de los procesos familiares más complejos, pues no solo disuelve el vínculo matrimonial, sino que exige resolver de manera integral los efectos patrimoniales, personales y afectivos derivados de la ruptura de la vida en común. En la actualidad, la concepción de la familia ha evolucionado significativamente: ya no se limita exclusivamente a las relaciones entre personas, sino que incluye a los animales de compañía como miembros afectivos del hogar, configurando lo que la doctrina y jurisprudencia comparada denominan “familia multiespecie” o “interespecie”.
El reconocimiento constitucional de diversos tipos de familia (Art. 67 CRE) no puede entenderse como una lista taxativa o cerrada de lo que hasta determinado momento se ha considerado una “ampliación” de la familia tradicional. Por el contrario, se trata de una cláusula abierta y dinámica que permite la evolución del derecho. El reconocimiento de la familia multiespecie es precisamente una manifestación de esa evolución que no puede obviarse. Estos reconocimientos son importantes porque permiten el ejercicio y la protección efectiva de los derechos de todos sus miembros, incluyendo la manutención y el cuidado de aquellos que no pueden mantenerse a sí mismos: niños, niñas y adolescentes (NNA), personas con discapacidad, adultos mayores y, en la misma lógica, las mascotas como seres sintientes que forman parte del núcleo afectivo familiar.
Esta evolución no es exclusiva del Ecuador. La jurisprudencia comparada, particularmente en Colombia y México, ha comenzado a reconocer de manera progresiva que los animales de compañía cumplen roles afectivos, emocionales y de cuidado dentro del hogar, superando su tradicional calificación de bienes muebles. Autores como Vargas-Chaves y Marulanda (2026) evidencian, en el contexto colombiano, una tensión entre el reconocimiento directo de la familia multiespecie por parte de tribunales inferiores y una protección más indirecta a través de los derechos del cuidador. Este debate resulta pertinente para el caso ecuatoriano, donde la Constitución ya reconoce los derechos de la Naturaleza (Art. 71 CRE) y la calidad de seres sintientes de los animales, abriendo la puerta a una interpretación pro natura que permita resolver, de manera integral, pretensiones relacionadas con mascotas dentro de procesos familiares ordinarios.
En un caso concreto tramitado ante la Unidad Judicial de Familia en Cuenca, se presentó una demanda que acumulaba la disolución del matrimonio, alimentos congruos y contribución económica (alimentos) para siete perros que formaban parte del núcleo familiar. El rechazo inicial de esta acumulación de pretensiones generó un relevante debate jurídico-procesal y puso de manifiesto la tensión existente entre una interpretación restrictiva y formalista del proceso y la necesidad de brindar una tutela judicial efectiva y progresista en un Estado Constitucional de Derechos.
Este artículo toma ese caso concreto de la Unidad Judicial de Familia en Cuenca como ejemplo paradigmático para analizar las causales de inadmisión de la demanda conforme al Art. 147 COGEP y propone una lectura sistemática e integradora con los Arts. 142, 143 y 145 del mismo cuerpo normativo, incorporando principios constitucionales de interpretación pro homine y pro natura (Art. 11 CRE).
III. EL CASO CONCRETO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA EN CUENCA
En el proceso tramitado ante la Unidad Judicial de Familia en Cuenca, la demandante acumuló tres pretensiones principales: la disolución del matrimonio, el reconocimiento de alimentos congruos y la fijación de una contribución económica periódica para el sostenimiento y cuidado de siete perros que integraban el núcleo familiar. El juez de primera instancia rechazó inicialmente la demanda invocando indebida acumulación de pretensiones (Art. 147.2 COGEP), decisión que motivó el debate público y académico que se analiza a continuación.
IV. MARCO LEGAL DE LA ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
Requisitos formales (Arts. 142 y 143 COGEP)
El Art. 142 del COGEP establece el contenido mínimo de la demanda, exigiendo claridad en la designación del juzgador, identificación de las partes, exposición detallada de los hechos, formulación precisa de las pretensiones, fundamentos jurídicos, medios probatorios, trámite, cuantía y firma del demandante o su representante. Por su parte, el Art. 143 detalla los documentos que deben acompañarse para acreditar la legitimación activa y pasiva, así como los hechos invocados.
El Art. 146 dispone que, si no se cumplen estos requisitos, el juez concede un plazo de cinco días para subsanar. De no hacerlo, la demanda no se admite a trámite, configurando una causal adicional de inadmisión derivada del incumplimiento formal de los requisitos. Esta etapa busca garantizar la claridad y seriedad de la pretensión, pero no debe convertirse en un filtro excesivamente formalista que restrinja indebidamente el acceso a la justicia.
V. CAUSALES EXPRESAS DE INADMISIÓN Y DISTINCIÓN CON LA IMPROCEDENCIA
El Art. 147 COGEP es taxativo y contiene únicamente dos causales que permiten el rechazo inicial de la demanda:
- Incompetencia del juzgador.
- Indebida acumulación de pretensiones.
Estas son las únicas causales manifiestamente inadmisibles. Cualquier otra irregularidad (incluidas cuestiones de fondo, interpretaciones controvertidas o defectos subsanables) debe sustanciarse y resolverse en sentencia, no mediante rechazo inicial.
La incompetencia es manifiestamente inadmisible cuando el juez carece absolutamente de competencia en razón de la materia, por prevención, por territorio, por grados o por personas. Sin embargo, la competencia territorial puede ser prorrogada (Art. 55 COGEP) y existen supuestos de competencia concurrente, por lo que no siempre justifica el rechazo inicial si el demandado no la opone oportunamente. Del mismo modo, la acumulación de pretensiones sólo es indebida cuando no se cumplen los requisitos del Art. 145 COGEP (competencia, conexidad y mismo procedimiento). La mera existencia de varias pretensiones no convierte automáticamente la demanda en inadmisible; sólo lo es cuando la acumulación viola manifiestamente esos tres requisitos.
La Sentencia No. 102-13-SEP-CC de la Corte Constitucional del Ecuador (2013), aunque referida al Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece doctrina aplicable por analogía al proceso ordinario. La Corte distingue claramente entre inadmisión (verificación formal o causales expresas) e improcedencia (análisis de fondo). La inadmisión por cuestiones de fondo, sin sustanciación previa, vulnera la tutela judicial efectiva (Art. 75 CRE) y el debido proceso.
VI. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EN EL DIVORCIO
En el caso de la Unidad Judicial de Familia en Cuenca, al acumularse la disolución del matrimonio, los alimentos congruos y la pretensión accesoria de contribución económica por las mascotas, se invocó el numeral 2 del Art. 147 para no admitir la demanda. Esta decisión restrictiva parte de una visión tradicional que considera a las mascotas como simples bienes muebles del Código Civil, desconociendo su calidad de seres sintientes y su integración al núcleo familiar.
Sin embargo, el Art. 145 COGEP permite la acumulación cuando concurren tres requisitos:
- Competencia del juzgador en razón de la materia. El Juez de Familia es competente por la naturaleza de los vínculos afectivos que integran la comunidad familiar (Arts. 67 CRE). Las mascotas, como seres sintientes, forman parte del núcleo familiar y generan lazos emocionales que impactan el bienestar de los miembros humanos, especialmente los niños.
- Conexidad. Todas las pretensiones derivan del mismo hecho generador: la ruptura de la vida en común. La regulación del cuidado de las mascotas es una consecuencia directa y lógica de la disolución del matrimonio y la liquidación de la sociedad conyugal.
- Mismo procedimiento. Se tramitan por el procedimiento sumario en materia familiar, lo que garantiza unidad y celeridad en la resolución integral del conflicto.
Por tanto, no existe acumulación indebida. La mera pluralidad de pretensiones no genera inadmisibilidad; sólo el incumplimiento evidente de los tres requisitos del Art. 145 lo permite.
VII. VÍAS DE TUTELA Y EL ROL DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN: LA SENTENCIA “MONA ESTRELLITA”
La Sentencia No. 253-20-JH/22 de la Corte Constitucional del Ecuador (Caso “Mona Estrellita”) es paradigmática. La Corte reconoció a los animales como sujetos de derechos y como expresión de los derechos de la Naturaleza (Art. 71 CRE), con valor intrínseco y sintiencia. Aunque en ese caso concreto consideró la acción de protección como vía adecuada, desde mi perspectiva los derechos de los animales admiten múltiples vías de tutela según el contexto, la naturaleza del derecho afectado y la urgencia.
En pretensiones derivadas del divorcio (como contribución económica por mascotas), la vía natural y adecuada es el procedimiento sumario ante el Juez de Familia. El rechazo inicial de la demanda por “acumulación indebida” o derivar sistemáticamente a la acción de protección viola la tutela judicial efectiva (Art. 75 CRE) y fragmenta la resolución integral del conflicto familiar.
VIII. PERSPECTIVA COMPARADA Y FAMILIA MULTIESPECIE
La jurisprudencia comparada refuerza esta visión. El Tribunal Superior de Bogotá, en su Auto de 6 de octubre de 2023 (Caso “Simona”), resolvió un conflicto negativo de competencia entre un Juzgado Civil y uno de Familia. La Sala Mixta determinó que el Juez de Familia es competente para regular visitas, cuidado y bienestar de la perra Simona, a quien el demandante consideraba su “hija perruna”. La Corte reconoció explícitamente la familia multiespecie, señalando que los animales de compañía cumplen roles afectivos y emocionales dentro del núcleo familiar, se les da nombre, generan apego recíproco y sufren por la separación. Argumentó que no reconocer esta realidad sería desconocer la interpretación actual y plural de la familia (Art. 42 Constitución Política de Colombia).
Posteriormente, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-391/24 (2024), analizó un caso de secuestro cautelar de dos perros en proceso de divorcio. La Corte reiteró que los animales de compañía forman parte de la unidad familiar, generan vínculos afectivos que impactan el desarrollo emocional de los niños y obligan a ponderar su bienestar como seres sintientes. Cita expresamente el fallo mexicano (Amparo Directo 454/2021) que introdujo el concepto de familia multiespecie y enfatiza que, aunque legalmente son bienes muebles, su calidad de seres sintientes impone límites al dominio y obliga a los jueces a considerar su interés en cualquier decisión familiar.
En México, el 11° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el Amparo Directo 454/2021, fue el primero en América Latina en incorporar formalmente el concepto de familia multiespecie. El Tribunal reconoció que las mascotas cumplen roles de protección, apoyo emocional y compañía, integrándose como miembros del hogar y no como simples objetos. Este fallo fue citado textualmente por la Corte Constitucional colombiana en T-391/24.
Estos precedentes coinciden en que el Juez de Familia es competente para resolver custodia, régimen de visitas y contribuciones económicas por mascotas en separaciones / divorcios, precisamente porque forman parte de la familia multiespecie.
Este análisis se ve reforzado por el estudio de Vargas-Chaves y Marulanda (2026), quienes examinan la evolución de la familia multiespecie en Colombia y evidencian una tensión jurisprudencial clara, que mientras tribunales inferiores y salvamentos de voto abogan por un reconocimiento directo de la categoría familiar, la Corte Constitucional mantiene una postura antropocéntrica que protege el vínculo afectivo únicamente de manera indirecta, a través de los derechos fundamentales del cuidador. Los autores identifican, además, un vacío procesal en materia de custodia y proponen avanzar hacia un modelo de “responsabilidad relacional”, en el que la sintiencia animal opera como límite ético y jurídico al derecho de propiedad. Esta perspectiva resulta especialmente útil para el caso ecuatoriano, pues confirma que la admisión de pretensiones sobre mascotas en procesos de divorcio no requiere necesariamente una redefinición constitucional de la familia, sino una interpretación progresista de las normas vigentes que priorice el bienestar de los seres sintientes y la tutela judicial efectiva.
IX. LA GENERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y EL ROL DEL JUEZ DE PRIMER NIVEL
La generación de jurisprudencia, particularmente la de triple reiteración que puede convertirse en precedente obligatorio (Art. 184.2 CRE y Arts. 180-185 COFJ), requiere necesariamente de la admisión inicial de la demanda por parte del juez de primer nivel.
Sin admisión, no hay proceso, no hay sentencia de primera instancia, no hay recurso de apelación ni posibilidad de que los tribunales superiores confirmen o revoquen la decisión. Si los jueces de primer nivel rechazan sistemáticamente las demandas novedosas (como las relativas a mascotas en divorcio) invocando causales inexistentes o interpretaciones restrictivas, se bloquea por completo la posibilidad de que el sistema genere uniformidad jurisprudencial.
El juez de primer nivel actúa como “portero” del sistema, ya que su decisión de admitir o rechazar determina si un tema novedoso puede llegar a segunda instancia, al Pleno de la Corte Nacional y, eventualmente, convertirse en jurisprudencia obligatoria. Rechazar inicialmente pretensiones fundadas en la Constitución y en la evolución social equivale, en la práctica, a negar la posibilidad de que el derecho se actualice y llene sus vacíos normativos.
En el caso de la Unidad Judicial de Familia en Cuenca, sólo mediante la admisión de la demanda se podrá permitir que los tribunales superiores analicen el fondo del asunto y contribuyan, con el tiempo, a la formación de un cuerpo jurisprudencial uniforme sobre la protección de mascotas en procesos familiares.
X. CONCLUSIONES
Las causales de inadmisión del Art. 147 COGEP son taxativas y solo operan cuando existe manifiesta incompetencia o manifiesta acumulación indebida de pretensiones. La Sentencia 102-13-SEP-CC refuerza que no se puede confundir inadmisión con improcedencia. En el caso de la Unidad Judicial de Familia en Cuenca, ni la competencia ni la acumulación eran indebidas. Aunque la Sentencia “Mona Estrellita” enfatizó una vía constitucional en ese caso concreto, los derechos de los animales admiten múltiples vías según el contexto.
El Juez de Familia debe admitir la demanda, convocar audiencia y resolver en el fondo con interpretación pro homine y pro natura. El rechazo inicial de estas pretensiones deja sin protección a los seres sintientes e impide la generación de jurisprudencia. Se recomienda regular expresamente la figura en el futuro Código Orgánico de la Familia, sin perjuicio de la labor jurisprudencial actual que llena los vacíos normativos.
Bibliografía
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