PROYECTO DE REFORMA A LOS ARTS. 46, 90 Y 92 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO (LOSEP)
Objeto.
A través de este proyecto se pretende reformar los Arts. 46, 90 y 92 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP, 2010), cuyo texto actualmente vigente establece:
Art. 46.- Acción contencioso administrativa.- “La servidora o servidor suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales competentes del lugar donde se origina el acto impugnado o donde este haya producido sus efectos, demandando el reconocimiento de sus derechos.
Si el fallo de la Sala o juez competente fuere favorable, declarándose nulo o ilegal el acto y que el servidor o servidora destituido sea restituido a su puesto de trabajo, se procederá de tal manera y de forma inmediata una vez ejecutoriada la respectiva providencia. Si además en la sentencia o auto se dispusiere que el servidor o servidora tiene derecho al pago de remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá los valores que dejó de recibir con los correspondientes intereses, valores a los cuales deberá imputarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra institución de la administración pública durante dicho periodo.
El pago se efectuará dentro de un término no mayor de sesenta días contado a partir de la fecha en que se ejecutorió el correspondiente auto de pago.
En caso de fallo favorable para la servidora o servidor suspendido y declarado nulo o ilegal el acto, se le restituirán los valores no pagados. Si la sentencia determina que la suspensión o destitución fue ilegal o nula, la autoridad, funcionario o servidor causante será pecuniariamente responsable de los valores a erogar y, en consecuencia, el Estado ejercerá en su contra el derecho de repetición de los valores pagados, siempre que judicialmente se haya declarado que la servidora o el servidor haya causado el perjuicio por dolo o culpa grave. La sentencia se notificará a la Contraloría General de Estado para efectos de control.
En caso de que la autoridad nominadora se negare a la restitución será sancionada con la destitución del cargo”.
Art. 90.- Derecho a demandar.- “La servidora o servidor público, sea o no de carrera, tendrá derecho a demandar el reconocimiento y reparación de los derechos que consagra esta Ley, en el término de noventa días contados desde la notificación del acto administrativo. Sin perjuicio de las acciones constitucionales que tiene derecho.
La demanda se presentará ante la Sala Distrital de lo Contencioso Administrativo del lugar donde se originó el acto administrativo impugnado o del lugar en donde ha generado efecto dicho acto.
Este derecho podrá ejercitarlo la servidora o servidor, sin perjuicio de requerir a la autoridad competente de la entidad pública que revea el acto administrativo que lesiona sus derechos”.
Art. 92.- Prescripción de acciones.- “Las acciones que concede esta Ley que no tuvieren término especial, prescribirán en noventa días, que se contará desde la fecha en que se le hubiere notificado personalmente a la servidora o servidor público con la resolución que considere le perjudica.
Igualmente prescribirán en el término de noventa días las acciones de la autoridad para imponer las sanciones disciplinarias que contempla esta Ley y las sanciones impuestas en cada caso, término que correrá desde la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento de la infracción o desde que se impuso la sanción”.
Antecedentes y problema jurídico.
En el artículo 229 de la Constitución de la República (CRE, 2008) se establece que:
“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables.
La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores.
Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo.
La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia”.
En virtud de dicho mandato constitucional, se estableció la necesidad de que todas las servidoras y servidores de las instituciones y organismos que conforman el sector público (según el Art. 225 CRE) se rijan por una Ley que regule a todo el servicio público, en general. Esta necesidad atendía al desorden remunerativo y los desfases en materia de recursos humanos provocados por las excepciones de la Ley en ese entonces vigente y la falta de claridad y efectividad en la aplicación de la norma jurídica; por lo que se determinó a través de la LOSEP la organización y regulación de la entidad rectora de los recursos humanos y remuneraciones de todo el sector público.
Cuando se habla de regulación de los recursos humanos, la norma hace alusión a los derechos, deberes y prohibiciones, en general, de todos los servidores públicos.
Por esa razón, se sustituyó la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (LOSCCA), y se expidió una Ley que regule todo el servicio público, estableciendo normas generales que respondan a las necesidades del talento humano que labora en las instituciones y organismos del sector público.
Entonces, si es en la Ley Orgánica del Servicio Público, como norma general que regula los derechos, deberes y prohibiciones de todos los servidores públicos, en ella se establece el mecanismo judicial “adecuado y eficaz” para efectuar el reclamo cuando se evidencie vulneraciones a los derechos de los servidores públicos, mismo que en la práctica genera restricciones y limitaciones injustificadas, en relación al derecho a la tutela judicial efectiva.
Justificación.
El derecho a la tutela judicial efectiva, según la Corte Constitucional, se compone a su vez de tres derechos:
(i) el acceso a la administración de justicia;
(ii) el debido proceso; y,
(iii) la ejecución de la decisión.
Desde la práctica judicial, se ha evidenciado que la normativa vigente restringe dos de los tres derechos que componen el derecho a la tutela judicial efectiva, esto es, los derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso.
1. Respecto al derecho al acceso a la administración de justicia, la Corte Constitucional[1] ha determinado que éste se concreta en el derecho a la acción y el derecho a tener respuesta a la pretensión y que el mismo se puede verificar vulnerado cuando existen barreras, obstáculos o impedimentos irrazonables al acceso a la administración de justicia; éstas pueden ser:
- Económicas (tasas desproporcionadas)
- Burocráticas (exigencia de requisitos no establecidos en la ley o requisitos legales innecesarios)
- Legales (requisitos normativos excesivos para ejercer la acción o plantear el recurso)
- Geográficas (lejanía que impide el acceso)
- Culturales (desconocimiento de las particularidades de las personas que dificultan el acceso, como el idioma o la comprensión del proceso).
1.1. Resulta evidente que los servidores públicos que se rigen por la LOSEP, encuentran obstáculos geográficos, por cuanto según el Art. 90 de la norma en mención determina que “tendrá derecho a demandar el reconocimiento y reparación de los derechos que consagra esta Ley… ante la Sala Distrital de lo Contencioso Administrativo del lugar donde se originó el acto administrativo impugnado o del lugar en donde ha generado efecto dicho acto”.
¿Por qué resulta esto una restricción o un limitante para acceder a la justicia?
Pues por cuanto existen otros servidores públicos y obreros que también prestan su servicio en una entidad pública, denominada “empresa pública”, quienes por remisión de la misma LOSEP (Art. 3), se rigen por la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y ésta a su vez tiene como norma supletoria en cuanto a la competencia y el procedimiento aplicables para el reclamo de los derechos laborales derivados de la relación contractual entre las empresas públicas y servidores públicos de carrera y obreros (Art. 29 LOEP), al Código de Trabajo; lo que les faculta plantear sus reclamos ante el Juez de Trabajo que resulte competente en razón del territorio, jueces que por lo general ejercen jurisdicción cantonal, considerando la existencia de cerca de 221 cantones a nivel nacional, y por cuanto dicha potestad también se la han otorgado a jueces multicompetentes en general, o con competencia en materia civil; mientras que los servidores públicos que laboran en el resto de instituciones públicas, como la Función Ejecutiva, Judicial, Legislativa, etc., necesariamente deben acudir ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo que resulte competente en razón del territorio, el cual se compone de jueces que ejercen jurisdicción distrital, teniendo que a la fecha existe un total de seis (6) Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo distribuidos a nivel nacional, en las ciudades de Quito, Ambato, Cuenca, Loja, Guayaquil y Portoviejo, resultando así este un limitante para que los servidores públicos del resto de entidades públicas que conforman el sector público, puedan acceder a la justicia para el reclamo de sus derechos laborales vulnerados.
1.2. Otra restricción que se evidencia del texto mismo de la ley, es la temporalidad, en razón de que la LOSEP (Arts. 90 y 92) ha establecido que el derecho a accionar o demandar prescribe en el término de noventa (90) días; mientras que los servidores públicos y obreros de las empresas públicas, según el Código del Trabajo (norma supletoria), de manera general tienen el plazo de tres (3) años para accionar, contados desde la terminación de la relación laboral.
¿Cuál sería el fundamento que justifica el trato distinto incluso frente al derecho del resto de trabajadores en general a tener mayor tiempo para acceder a la justicia y reclamar la tutela judicial a sus derechos vulnerados, cuando la única diferencia es tener como empleador al Estado?
Además, los trabajadores que se rigen bajo el Código del Trabajo pueden incluso obtener el patrocinio gratuito de la Defensoría Pública, para el reclamo de sus derechos en vía judicial, situación que no se prevé para los servidores públicos que se rigen por la LOSEP, pues estos mas bien cubren honorarios bastante altos por cuanto se considera que para litigar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (aun para el reclamo de derechos laborales) se requiere de un profesional experto en este tipo de casos, los cuales son más escasos y por ello imponen sus tarifas, pues su competencia en el mercado de servicios profesionales es mínima.
2. Respecto al derecho al debido proceso, mismo que contempla un mínimo de garantías que permiten a su vez ejercer el derecho a la defensa, el artículo 76 numeral 7 de la Constitución de la República, establece las condiciones de carácter sustantivo y procesal que deben gozar las personas dentro de un determinado proceso para asegurar un resultado justo, equitativo y libre de arbitrariedades[2].
El derecho a la defensa de los servidores públicos, en razón de la normativa actualmente vigente, se ve afectado por las siguientes razones:
2.1. Según el artículo 76 numeral 7 literal b de la Constitución de la República, es garantía del derecho a la defensa el “Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa”; como se manifestó anteriormente, la limitación temporal prevista en la LOSEP para el acceso a la justicia de los servidores públicos cuando pretenden reclamar sus derechos, vulnera a su vez el derecho a contar con el tiempo para preparar una adecuada defensa.
Quedarse sin trabajo de un momento a otro, como lo que ocurre con aquellos servidores públicos a quienes les terminan los nombramientos provisionales o contratos de servicios ocasionales que los mantienen arbitrariamente por más de tres, cinco o diez años, de un momento a otro, limita su economía, lo último que piensa una persona en ese momento es en pagar un Abogado cuando posiblemente debe pensar en ese momento cómo pagar sus gastos corrientes, como su subsistencia y la de su familia en corto plazo, el pagar cuentas, deudas, créditos, etc., mientras logra estabilizar su economía, antes de consultar con un Abogado. Entonces, los noventa (90) días, se tornan en un tiempo bastante corto, para acceder a la administración de justicia y preparar su defensa en un proceso judicial. Mas aún cuando a pesar de existir previsiones legales, como la inversión de la carga de la prueba, juzgadores de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, inobservan dichos preceptos y pareciera que es el defensor quien no ha sido capaz de prever este tipo de circunstancias, considerando aparte que es la misma entidad accionada quien debería entregar los documentos que le han de servir de prueba al servidor público que reclama la tutela judicial efectiva.
2.2. Según el artículo 76 numeral 7 literal k de la Constitución de la República, es garantía del debido proceso el: “Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto”. Al respecto, debe considerarse que la competencia del juez está distribuida en razón del territorio, de la materia, de las personas y de los grados.
La competencia en razón del territorio se ve afectada ante la ausencia de los suficientes Tribunales de lo Contencioso Administrativo en todo el territorio nacional, puesto que apenas son seis, lo cual limita el acceso a la justicia de los servidores públicos ante la autoridad competente del lugar en el que se generan los efectos del acto administrativo vulnerador de derechos laborales.
La competencia en razón de la materia también se ve afectada, puesto que los Jueces de lo Contencioso Administrativo no son jueces especializados o especialistas en materia laboral, pues la designación de estos se basa únicamente en la identidad de la entidad demandada, esto es, del Estado ecuatoriano a través de sus instituciones o demás dependencias, según corresponda, lo que se traduce en una vulneración al no tratarse de un juez especializado en la materia laboral.
La competencia en razón de los grados, será tratada más adelante, por cuanto también resulta una vulneración en este sentido.
La competencia en razón de los fueros, no se afecta en razón de ser limitados los servidores públicos que gozan de fuero personal, pues la mayoría gozarían de fuero funcional que se observa para el juzgamiento de éstos en casos penales.
Por lo expuesto, y en relación al caso, los servidores públicos a quienes se ha vulnerado sus derechos, no son juzgados por una autoridad competente ni en razón del territorio, ni de la materia.
2.3. Según el artículo 76 numeral 7 literal m de la Constitución de la República, es garantía del debido proceso el: “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”, al respecto debe considerarse que el procedimiento ante los Tribunales Contencioso Administrativo o Tributario, está debidamente regulado en el Código Orgánico General de Procesos, a partir del Art. 299 al 331. Dentro de estas disposiciones no se establece la posibilidad de plantear un recurso de apelación, puesto que entre las reglas establecidas se señala que las controversias sometidas a conocimiento y resolución de los juzgadores de lo contencioso administrativo se sujetarán a las normas especiales de esa sección del COGEP (Arts. 299-331), considerando la supletoriedad únicamente en cuanto a las leyes sustantivas de cada materia. Situación que vulnera la garantía de recurrir del fallo, esto es, el impugnar la decisión judicial con el objeto de que sea revisada por un órgano superior.
Si bien, desde la promulgación del COGEP, esta garantía se encuentra limitada a ciertas decisiones judiciales sobre las cuales el ordenamiento jurídico ha previsto esta posibilidad; no obstante, los servidores públicos de las empresas públicas, así como otros trabajadores de entidades privadas, reclaman sus derechos ante un Juez laboral en procedimiento sumario, según el Art. 575 del Código del Trabajo, el cual sí prevé la posibilidad de apelar de la decisión judicial. Por ende, esta restricción afecta el derecho al debido proceso de los servidores públicos que se rigen por la LOSEP, situación que resulta discriminatoria, en razón de que no se justifica la diferencia en el tratamiento de la reclamación por vulneración de los derechos laborales de unos servidores públicos, frente a otros, e incluso frente a otros trabajadores, vulnerando además el Art. 169 de la Constitución de la República que establece: “…Las normas procesales consagrarán los principios de … uniformidad, … y harán efectivas las garantías del debido proceso…”. No sólo para servidores que han sido desvinculados de manera unilateral y sin otra causa más que la voluntad de la entidad empleadora, sino también respecto a servidores públicos a quienes se desvincula luego de efectuar un procedimiento sumario administrativo, ¿qué los diferencia de los trabajadores a quien se les desvincula luego de un procedimiento de visto bueno en el sector privado? Considerando incluso que quien resuelve también es un servidor público, pero aún así, luego pueden impugnar la decisión ante el juez de trabajo, apelar de la decisión y finalmente presentar el recurso de casación ante un Tribunal especializado en materia laboral.
El COGEP determina la posibilidad del planteamiento del recurso extraordinario de casación, ante las decisiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; no obstante, debe considerarse que el mismo se halla limitado a corregir errores de derecho, y no de valoración de prueba, que es lo que se busca a través de un recurso de apelación.
2.4. Otra de las vulneraciones que se evidencia con dicha normativa guarda relación con el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, según lo previsto en el Art. 66 numeral 23 de la Constitución de la República, concordante con el Art. 75 y 169 de la norma en mención, en cuanto a la aplicación del principio de celeridad, que se traduce en la garantía judicial del plazo razonable, que posibilita a las partes la obtención de una solución a los asuntos puestos en conocimiento de las autoridades judiciales conforme a los términos y presupuestos legales sin dilaciones injustificadas, atendiendo a las particularidades de cada caso[3]. Ya lo ha dicho Séneca: “Justicia tardía NO es justicia”.
Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, al ser apenas seis en todo el territorio nacional, acogen un gran número de demandas laborales de los servidores públicos, las cuales tardan años en resolverse, de modo que no se consigue garantizar ni la tutela judicial efectiva de los derechos, ni la celeridad en la tramitación de las causas, contraviniendo así la garantía de plazo razonable.
3. El Art. 90 de la LOSEP determina que: “La servidora o servidor público, sea o no de carrera, tendrá derecho a demandar el reconocimiento y reparación de los derechos que consagra esta Ley, en el término de noventa días contados desde la notificación del acto administrativo. Sin perjuicio de las acciones constitucionales que tiene derecho”. (énfasis añadido). Téngase en cuenta que las garantías jurisdiccionales en casos de vulneración de derechos constitucionales, deberían ser accionadas exclusivamente para situaciones excepcionales como vulneraciones respecto de personas en situación de vulnerabilidad o casos que no hallen un mecanismo de protección judicial adecuado y eficaz en la normativa vigente, mas no para suplir la inadecuación y deficiencias normativas en cuanto al mecanismo de protección que sí ha sido previsto en la ley.
El planteamiento de garantías jurisdiccionales para garantizar derechos laborales de servidores públicos, a su vez también genera vulneraciones a los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica en razón de que todos los jueces de primer nivel, sin importar la especialidad de los mismos, tienen la potestad de conocer y resolver garantías jurisdiccionales, lo cual permite un sinnúmero de violaciones procesales, por ejemplo, cuando se plantea una acción de protección por vulneración al derecho al trabajo, y la misma por sorteo recae ante un Juez penal o Juez de familia.
Cómo puede pretenderse que se garantice un derecho constitucional, con evidente violación de solemnidades sustanciales, como la competencia del juzgador, o con limitación en los tiempos previstos para preparar una adecuada defensa de la entidad accionada, pues esta famosa “celeridad” en las garantías jurisdiccionales, muchas de las veces genera “indefensión”, ya que de la misma forma que 90 días no son suficientes para preparar una demanda ante una única instancia, 48h00 o 72h00 tampoco lo son, para recabar los medios probatorios de descargo, ni veinte minutos lo son para sustentar sus alegaciones y practicar los medios probatorios.
Además, esto conlleva a que se presenten acciones constitucionales que ocurrieron hace cinco, diez, quince o incluso veinte años, lo cual atenta a la seguridad jurídica, pues para presentar acciones constitucionales no se ha establecido un límite temporal, pese a que para otras personas trabajadoras sí se lo ha hecho, generando que los actos de la administración pública, nunca queden en firme, a pesar del transcurso del tiempo.
Por tanto, garantizar un derecho, sacrificando otros a su paso no debería ser la solución.
Estadísticas.
Para justificar esta aseveración, se ha efectuado un análisis de las acciones de protección que se han presentado en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura durante el año 2021, en relación a derechos laborales de servidores públicos, ya sea con contratos de servicios ocasionales, nombramientos provisionales o definitivos, en los que se ha alegado entre otras vulneraciones de derechos, la vulneración al derecho al trabajo.
Determinándose los siguientes resultados:
Acciones de Protección planteadas en el año 2021: | No. total de demandas presentadas (86): |
Asuntos Laborales | 52 |
Otros Asuntos | 34 |
Especialidad de Juez que ha resuelto Acciones de Protección en Asuntos Laborales en las distintas judicaturas, durante el año 2021: | No. total de casos: |
Familia | 42 |
Civil | 3 |
Garantías Penales | 5 |
Tribunal Penal | 1 |
Violencia contra la Mujer y la Familia | 1 |
Resultados acciones de protección asuntos laborales Ibarra - 2021 | No. total de casos: |
Aceptadas | 18 |
Rechazadas | 31 |
Desistimiento | 2 |
Inadmisión | 1 |
Solución al problema:
Conforme se mencionó anteriormente, el artículo 169 de la Constitución de la República establece que “el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. […]”; según el análisis anteriormente expuesto, se ha considerado la necesidad de uniformar las normas procesales que persigan un mismo fin, como lo es el resolver las vulneraciones de los derechos laborales en general, para el caso, de los servidores públicos en general, que se rigen por la LOSEP, a fin de no generar privilegios injustificados de unos frente a otros a través de las garantías jurisdiccionales (acciones constitucionales), ya que éstas sólo deberían justificarse en caso de tratarse de acciones afirmativas (grupos vulnerables), por cuanto la misma Constitución ha establecido como constitucional, la distinción en el trato (igualdad material).
Por la motivación expuesta, se plantea como solución el reformar los artículos 46, 90 y 92 de Ley Orgánica de Servicio Público.
Considérese como máxima de interpretación el derecho a la igualdad formal, ya que “no habrá ciudadanos iguales sin iguales juicios”.
PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO:
EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Constitución de la República dispone que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos constitucionales y consagrados en los instrumentos internacionales;
Que, el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República dispone que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades;
Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República, establece como atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;
Que, el artículo 326 numeral 16 de la Constitución de la República dispone que en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo;
Que, el artículo 169 de la Constitución de la República determina que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y que las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso;
Que, son garantías del derecho al debido proceso, relacionados con el derecho a la defensa, según el Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República:
[…] b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.
[…] k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.
[…] m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.
Que, Art. 18 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas clasifica a los servidores públicos que laboran en las empresas públicas en: Servidores Públicos de Libre Designación y Remoción, Servidores Públicos de Carrera y, Obreros;
Que, el Art. 29 de la norma en mención determina que para efectos de la competencia y del procedimiento en las relaciones contractuales generadas entre las empresas públicas y servidores públicos de carrera y obreros, se estará a lo dispuesto en dicha Ley y en el artículo 568 y siguientes de la Codificación del Código del Trabajo, hecho que genera una distinción injustificada incluso entre unos servidores públicos frente a otros;
Que, el Art. 32 de dicha norma establece que las controversias que se originaren de las relaciones laborales entre las empresas públicas y sus servidores de carrera u obreros, serán resueltas por la autoridad del trabajo o los jueces de trabajo competentes, quienes para el efecto observarán las disposiciones especiales previstas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas;
Que, el Art. 575 del Código del Trabajo establece que las controversias individuales de trabajo, se sustanciarán en procedimiento sumario conforme lo prevé el Código Orgánico General de Procesos;
Que, el Art. 635 ídem establece que las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres años, contados desde la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en los demás casos de prescripción de corto tiempo;
Que, por su parte el Art. 90 de la Ley Orgánica del Servicio Público, a contrario de la normativa antes referida, señala que los servidores públicos, de carrera o no, tendrán derecho a demandar el reconocimiento y reparación de sus derechos, en el término de noventa días, ante la Sala Distrital de lo Contencioso Administrativo. Lo cual ha resultado una limitación en los derechos de acceso a la justicia y debido proceso en las garantías de defensa, como juez competente, contar con el tiempo suficiente para preparar la defensa; derecho a recurrir; y, derecho a obtener una resolución en un plazo razonable, ante la limitación de Salas / Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo;
Que, el Art. 90 de la Ley Orgánica del Servicio Público, ha previsto como opción que los derechos laborales de los servidores públicos puedan reclamarse a través de las acciones constitucionales a que tuviere derecho, situación que ha generado el abuso en el planteamiento de acciones de protección por parte de los servidores públicos que se rigen por la LOSEP, desnaturalizando el objeto de dicha garantía, y su cualidad de ser subsidiaria;
Que, el Art. 92 ibídem ha establecido como limitación temporal para el ejercicio de la acción de reclamo de los derechos laborales, el término de noventa días, generando una restricción arbitraria en razón de otros servidores públicos y trabajadores en general;
Que, el Art. 333 numeral 6 del Código Orgánico General de Procesos como regla del procedimiento sumario, ha previsto la apelación de las resoluciones como parte del debido proceso de las controversias laborales, el cual constituye una limitación para los procedimientos ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo;
Que, la normativa actualmente aplicable para resolver las controversias laborales de servidores públicos, genera restricciones o limitaciones injustificables de unos “servidores públicos” frente a otros; en el ejercicio del derecho de tutela judicial efectiva, tanto en el acceso a la justicia, como en el debido proceso;
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente:
LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO:
Artículo 1.- Sustitúyase en el inciso primero del Art. 46 de la Ley Orgánica del Servicio Público la frase: “ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales competentes del lugar” por: ante el Juez Laboral o ante los jueces multicompetentes con competencia ampliada en materia laboral.
Artículo 2.- Sustitúyase el Art. 90 de la Ley Orgánica del Servicio Público, por el texto planteado a continuación:
Art. 90.- Derecho a demandar.- La servidora o servidor público, sea o no de carrera, tendrá derecho a demandar el reconocimiento y reparación de los derechos laborales que consagra esta Ley, en el plazo de tres años contados desde la notificación del acto administrativo, en procedimiento Sumario previsto en el Código Orgánico General de Procesos.
La demanda se presentará ante el Juez de Trabajo del lugar donde se originó el acto administrativo impugnado o del lugar en donde ha generado efecto dicho acto.
Este derecho podrá ejercitarlo la servidora o servidor, sin perjuicio de requerir a la autoridad competente de la entidad pública que revea el acto administrativo que lesiona sus derechos.
Artículo 3.- Sustitúyase el Art. 92 de la Ley Orgánica del Servicio Público, por el texto planteado a continuación:
Art. 92.- Prescripción de acciones.- Las acciones judiciales que concede esta Ley, prescribirán en el plazo de tres años, que se contarán desde la fecha en que se le hubiere notificado personalmente a la servidora o servidor público con la resolución que considere le perjudica.
Disposiciones Transitorias:
Primera.- Los Jueces de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo que se hallen tramitando casos laborales de servidores públicos, sin declarar la nulidad de lo actuado, deberán remitir las actuaciones a los Jueces de lo Laboral que resulten competentes para la prosecución en la tramitación de las causas y resolución, tomando en consideración el procedimiento con el que se ha iniciado la tramitación de la causa.
Segunda.- El Consejo de la Judicatura en el plazo de SEIS MESES deberá designar los Jueces de lo Laboral en los cantones que no se haya contemplado esta especialidad, con competencia cantonal.
Disposiciones derogatorias:
Primera.- Las normas que regulen las diferentes carreras del servicio público que no se hallen expresamente sometidas a la Ley Orgánica del Servicio Público, que se opongan a las disposiciones de esta ley, quedarán derogadas, salvo que contengan disposiciones más favorables a las y los servidores públicos que las contenidas en esta ley.
Disposición Final:
Las disposiciones consagradas en esta ley entrarán en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial.
Dado, en la Sede de la Asamblea Nacional, en Quito, el (día)…., de….(mes), del año…
Hasta aquí el texto.
Observaciones:
Si bien varias de las normas contenidas en las consideraciones, no han sido observadas en la justificación, es algo que podría modificarse, pero quería hacer más comprensible el texto.
Gracias a quienes me leen y si alguien puede mejorar el texto y presentarlo en la Asamblea Nacional, les anticipo mi agradecimiento desde ya.
[1] Corte Constitucional, Sentencia No. 159-16-EP/21
[2] Corte Constitucional, Sentencia No. 1084-14-EP/20
[3] Corte Constitucional, Sentencia No. 1828-15-EP/20
FUENTES DE INFORMACIÓN:
Asamblea Constituyente. 2008. Constitución de la República. Lexis S.A.
Asamblea Nacional del Ecuador. 2015. Código Orgánico General de Procesos. Quito: Fiel Web.
Asamblea Nacional del Ecuador. 2009. Ley Orgánica de Empresas Públicas. Quito: Lexis S.A.
Asamblea Nacional del Ecuador. 2010. Ley Orgánica de Servicio Público. Quito: Lexis S.A.
Congreso Nacional del Ecuador. 2005. Código del Trabajo. Lexis S.A.
Corte Constitucional del Ecuador. 2020. «Sentencia No. 1084-14-EP/20». Extraído de: http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidjMGRkMmJhMi0xMjA4LTRiZGYtOTAxNi1hNTNmMGRkZDk0ZDMucGRmJ30=.
Corte Constitucional del Ecuador. 2020. «Sentencia No. 1828-15-EP/20». Extraído de:http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic3ZWY4YTEyYy0xNzk1LTQ1NzctODk2Yi1jMTFkMGU0ZTljMzgucGRmJ30=.
Corte Constitucional del Ecuador. 2021. «Sentencia No. 159-16-EP/21». Extraído de: http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidiNTZjNGU2ZC0zNGJmLTQyZTYtODFhNS03NGI5NjY0Yzc1ZGEucGRmJ30=.
Estadísticas Jurimétricas del Consejo de la Judicatura y revisión del Sistema e-SATJE (Consulta Pública de Causas), año 2022.
Por: Lilian Enríquez Klerque.
